San Luis Potosí, SLP.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que se impulsarán diversas propuestas ante el Congreso del Estado para fortalecer las estrategias de seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí, entre ellas el endurecimiento de las penas por homicidio de policías, el fortalecimiento de las corporaciones municipales y la atención a personas con problemas de adicciones.
El funcionario explicó que se analizarán reformas aplicadas en otras entidades del país para determinar cuáles pueden implementarse en San Luis Potosí. Como ejemplo, mencionó la modificación al artículo 108 del Código Penal de Morelos, aprobada el pasado 23 de septiembre, que endurece las sanciones por homicidio calificado contra integrantes de instituciones de seguridad pública, policías de tránsito y agentes de investigación, tanto en servicio como en descanso.
Detalló que entre las medidas que se busca impulsar se encuentra establecer penas de hasta 70 años de prisión y multas de hasta 2.3 millones de pesos para quienes cometan este delito, con el objetivo de inhibir las agresiones contra los elementos policiales.
Juárez Hernández señaló que otra de las propuestas estará enfocada en fortalecer las policías municipales, mediante mecanismos jurídicos que permitan exigir a los ayuntamientos contar con corporaciones debidamente equipadas, capacitadas y con capacidad de respuesta ante los problemas de inseguridad.
Consideró necesario establecer mayores obligaciones para las y los presidentes municipales en materia de seguridad, así como mecanismos que permitan evaluar los resultados de sus corporaciones en el combate a la delincuencia.
Finalmente, indicó que se buscará reforzar la atención a personas con problemas de adicciones y situaciones de violencia mediante clínicas de salud especializadas, al considerar que estos fenómenos requieren atención desde una perspectiva social y sanitaria, y no únicamente desde el ámbito de la seguridad pública. Además las propuestas buscan ampliar las herramientas institucionales para atender las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
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