Una nueva ley busca impulsar los pagos digitales, pero también abre el debate sobre qué pasará con las personas que no tienen tarjeta bancaria, acceso a internet o facilidad para utilizar la tecnología.
Pagar la gasolina, comprar en una tienda o realizar un trámite podría ser diferente en los próximos meses. El Senado de la República aprobó el 20 de octubre de 2026 la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una legislación que busca transformar la manera en que los mexicanos manejan su dinero y disminuir gradualmente el uso de efectivo.
La propuesta pretende facilitar las compras y los pagos mediante tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y códigos QR. Sin embargo, también contempla que determinados servicios o actividades puedan aceptar exclusivamente pagos digitales, según lo que establezca la Secretaría de Hacienda. Esto no significa que los billetes y monedas vayan a desaparecer ni que todos los negocios estén obligados a rechazarlos.
Más allá de la tecnología, el cambio tiene implicaciones sociales. Para quienes utilizan aplicaciones bancarias diariamente, pagar sin efectivo puede representar mayor comodidad y seguridad al no transportar grandes cantidades de dinero. Pero la situación es distinta para adultos mayores, trabajadores que reciben sus ingresos en efectivo, pequeños comerciantes y habitantes de comunidades donde la conexión a internet o los servicios bancarios son limitados. En estos casos, la digitalización podría convertirse en una barrera para realizar actividades cotidianas.
La legislación también plantea oportunidades para los pequeños negocios, como ampliar sus opciones de cobro y registrar mejor sus operaciones. No obstante, especialistas y legisladores han señalado preocupaciones relacionadas con los costos de las terminales bancarias, las comisiones, la privacidad de las transacciones y la necesidad de garantizar que ninguna persona quede excluida por carecer de herramientas digitales.
Por ahora, la medida no representa un cambio inmediato para los consumidores. La legislación fue enviada al Ejecutivo federal y está pendiente su publicación oficial. Una vez que entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para identificar las actividades en las que podrían establecerse pagos exclusivamente digitales. También se contemplan excepciones cuando existan fallas tecnológicas o de conectividad. El verdadero desafío será garantizar que la modernización financiera facilite la vida de las personas sin limitar su acceso a productos y servicios esenciales.
