Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó tipificar como delito el reclutamiento forzado de personas y sancionarlo con hasta 20 años de prisión.
Con 419 votos a favor, el pleno adicionó un capítulo denominado "Del Reclutamiento Forzado de Personas" a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Los cambios establecen sanciones de entre 10 y 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa quien a través de medios impresos, electrónicos o cualquier otro, por sí o por interpósita persona, mediante el engaño o sin él, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas a formar parte de la delincuencia organizada.
Agrega que cuando el reclutamiento se cometa mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, la pena impuesta será de entre 15 y 25 años de prisión y de entre 10 mil y 80 mil días de multa.
Además, establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado.
Las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo labore o haya laborado en alguna empresa de seguridad privada, haya tenido acceso a información confidencial, utilice la capacitación o adiestramiento que haya recibido para cometer el delito o cuando quien incurra en él haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente.
Durante el debate, la panista Noemí Luna advirtió que la delincuencia organizada ha encontrado terreno fértil en la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades para reclutar forzosamente a miles de mexicanas y mexicanos.
Sostuvo que las víctimas más indefensas son niñas, niños y adolescentes, ya que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada.
La legisladora calificó el dato como aterrador y recordó que se calcula que entre 155 mil y 250 mil menores más viven hoy en riesgo de ser captados por el crimen organizado.
Luna celebró la reforma; no obstante, dijo que de nada servirá si en estados como Jalisco y partidos como Movimiento Ciudadano y Morena siguen impidiendo que el Fiscal del estado comparezca ante el Congreso local para dar cuenta de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre.
"De nada sirve la unanimidad y de nada sirve crear un tipo penal autónomo y específico que castigue la invitación y reclutamiento, y que establezcamos un principio de protección absoluta cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, si siguen sucediendo hechos como el de Michoacán, en donde se encuentra una fosa clandestina con más de mil 600 dientitos de leche, niñas y niños que fueron asesinados y que quién sabe qué hicieron con ellos antes de asesinarlos, si la Fiscalía de ese estado simplemente dice que no tiene registro de ese hecho", afirmó.
El emecista Pablo Vázquez Ahued afirmó que la reforma es un imperativo estratégico para desarticular y combatir a los grupos de la delincuencia organizada.
Recordó que de acuerdo con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los dos delitos que siguen siendo los principales retos para México son la extorsión y la desaparición forzada de personas, un fenómeno que, dijo, está estrechamente vinculado al fenómeno del reclutamiento forzado.
Sostuvo que la modificación servirá para que todas las Fiscalías del país asuman sin ambigüedades sus responsabilidades en materia de investigación y persecución de este delito.
La priista Socorro Jasso indicó que el reclutamiento forzado en una de las formas más graves de violencia contra la infancia.
Sostuvo que la magnitud del problema en el país es preocupante, por lo que celebró que uno de los aspectos más importantes de la reforma sea que todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes sea considerado como reclutamiento forzado, independientemente de los medos empleados para incorporarlos a organizaciones criminales.
No obstante, la legisladora reconoció que el combate al reclutamiento forzado requiere mucho más que establecer penas de prisión.
"Es indispensable que los tres órdenes de gobierno cuenten con instituciones de seguridad y procuración de justicia capaces de investigar estos delitos, sancionar a los responsables y brindar atención integral a quienes hayan sido víctimas para que puedan recuperar sus proyectos de vida e integrarse a sus familias y comunidades", dijo.
La morenista Elena Segura subrayó que la reforma reconoce circunstancias que agravan la conducta, como tortura, violencia sexual, privación de la libertad o lesiones e incluso la pertenencia a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Agregó que también considera consecuencias específicas cuando intervienen personas servidoras públicas y prevé la posibilidad de reducir las penas hasta en una tercera parte cuando los autores o partícipes proporcionen información relevante, corroborada mediante otros datos o medios de prueba, que contribuyan a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables.
"Al establecer este delito en una ley general, garantizamos que pueda perseguirse en todo el país, sin importar dónde ocurrió el reclutamiento o dónde se obligó a delinquir a la víctima. Así evitamos que los delincuentes aprovechen los límites entre los estados para evitar la justicia", indicó.
