La Cámara de Diputados aprobó ampliar tres años la implementación a nivel nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado en 2023 que homologa procedimientos en materia civil y familiar en todo el territorio nacional.
La reforma establecía como plazo el 1 de abril de 2027, pero con 363 votos a favor de Morena, sus aliados y el PAN y 57 en contra de las bancadas de PRI y MC y la morenista Evangelina Morena, el Pleno avaló trasladar la culminación del proceso de implementación al 1 de abril de 2030.
El emecista Gustavo de Hoyos advirtió que uno de los motivos para posponer otros tres años la entrada en vigor del nuevo Código es la falta de personal capacitado para su implementación, ya que la reforma judicial propició que jueces que se estaban capacitando para poderlo aplicar fueran sustituidos por personajes sin experiencia.
"Primero se ocuparon de destruir el Poder Judicial con jueces profesionales y de carrera en el ámbito federal y en los ámbitos locales. Jueces y secretarios que se estaban preparando, que se estaban capacitando para poder aplicar este Código y que fueron sustituidos por personajes sin ninguna experiencia. Y en el nodo principal de la imposibilidad de ponerlo en función es, justamente, la falta de preparación de quienes hoy son las personas juzgadoras", afirmó.
El legislador advirtió que retrasar tres años la implementación del Código es solamente "patear el bote" porque, como pasó entre 2023 y 2026, para 2027 no se consideran los recursos necesarios para complementar de manera adecuada ese proceso.
"No hubo en estos años, ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas, para la capacitación. Se calcula que se requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año para que realmente el sistema de justicia conforme a este Código pueda funcionar, y así, sin más, sin prever recursos, se nos planeta hoy patear otra vez el bote", afirmó.
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