Opinión
La industria automotriz ocupa un lugar central en la vida económica de San Luis Potosí y la asignación de un nuevo modelo mantiene activa una cadena de empresas y empleos cuyo movimiento se refleja en los ingresos de miles de hogares.
El pasado 13 de octubre, el Gobierno federal eliminó durante cinco años el arancel de 10 por ciento que pagaban determinadas partes importadas para ensamblar automóviles, con la intención de reducir el costo inicial de las nuevas líneas de producción y favorecer que los fabricantes establecidos en México continúen invirtiendo en el país.
Esta decisión resulta importante para nuestro estado, donde BMW y General Motors compiten con plantas ubicadas en otras partes del mundo por la asignación de proyectos que pueden permanecer activos durante varios años, por lo que una diferencia en los costos puede influir en el lugar elegido para producir el siguiente vehículo.
La medida abre un periodo que deberá aprovecharse desde ahora, pues las piezas importadas pueden facilitar el comienzo de una nueva línea mientras la industria nacional desarrolla la capacidad necesaria para fabricarlas dentro del país, proceso que permitiría conservar una mayor parte del valor generado por cada automóvil.
Para una empresa potosina, convertirse en proveedora de una armadora requiere transformar su manera de producir y demostrar que puede cumplir de forma constante con exigencias internacionales, esfuerzo que demanda recursos y acompañamiento antes de que aparezca el primer contrato. La política industrial debe ayudar a recorrer ese camino y acercar a las empresas locales con quienes deciden las compras de componentes.
La preparación de las nuevas generaciones forma parte del mismo desafío, debido a que los vehículos incorporan procesos cada vez más avanzados y requieren personal capaz de trabajar con tecnologías que cambian rápidamente. Una relación más cercana entre las instituciones educativas y las plantas permitiría que la formación profesional conduzca hacia empleos con mejores posibilidades de desarrollo.
Desde el Senado debemos acompañar esta etapa y solicitar que los resultados se informen de manera periódica, de modo que la sociedad pueda conocer cuánto aumentó la producción nacional y cuántas empresas mexicanas consiguieron incorporarse a la cadena durante la vigencia del beneficio.
Los próximos cinco años ofrecen la posibilidad de arraigar la industria automotriz en México mediante una mayor participación del talento y las empresas nacionales, avance que deberá reflejarse en una presencia creciente de trabajo potosino en los vehículos que lleguen a los mercados del mundo.
