Detrás del Telón
El Ayuntamiento de San Luis Potosí impulsó un foro de periodistas para reflexionar sobre la libertad de prensa. Sin embargo, el encuentro coincidió con cuestionamientos sobre el trato que reciben los medios de comunicación desde el propio Ayuntamiento. El viernes pasado, se reportó una situación que abrió un debate sobre la congruencia entre promover la libertad de expresión y garantizar condiciones para ejercerla en la práctica.
Entre los participantes del foro realizado en un espacio de la UASLP estuvo Luis Cárdenas, cuya trayectoria también ha estado marcada por controversias relacionadas con el pluralismo y el debate periodístico. Su participación resulta relevante por el antecedente de la salida de Hernán Gómez Bruera de la mesa de análisis de MVS, luego de que este denunciara un ambiente hostil y condiciones desfavorables para la discusión. El episodio dejó sobre la mesa una pregunta válida: ¿cómo fortalecer la pluralidad en los medios si no existe disposición para escuchar y debatir con quienes sostienen opiniones distintas?
La iniciativa puede ser una oportunidad para impulsar una conversación necesaria sobre el papel del periodismo en la vida pública. No obstante, la defensa de las libertades informativas no se limita a organizar encuentros o compartir fotografías con sus participantes. También requiere garantizar el acceso de la prensa, respetar las preguntas incómodas y mantener una relación abierta con quienes fiscalizan el ejercicio del poder.
En paralelo, el alcalde Galindo enfrenta cuestionamientos por la contratación de Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, quien anunció su salida del esquema de honorarios del Ayuntamiento después de que se pusieran en duda los servicios por los que recibía alrededor de 28 mil pesos mensuales. También surgieron señalamientos sobre la presencia de su hija en la nómina municipal y cuestionamientos acerca de la contratación de otros perfiles vinculados con Acción Nacional.
Estos asuntos requieren explicaciones claras y documentación pública que permita conocer las funciones desempeñadas, los servicios prestados y los criterios utilizados para las contrataciones. La salida de Dahud no resuelve por sí misma las dudas planteadas; corresponde a las autoridades transparentar la información y, en su caso, deslindar responsabilidades con base en evidencias.
Mientras el Ayuntamiento promueve espacios de reflexión sobre la libertad de prensa, las controversias en torno al acceso de los reporteros y la contratación de personal vinculado con actores partidistas ponen a prueba su compromiso con la rendición de cuentas.
La capital potosina necesita que estos principios se traduzcan en prácticas cotidianas. La libertad de expresión se fortalece cuando las autoridades escuchan las críticas, permiten el trabajo periodístico sin restricciones injustificadas y responden con información verificable. Del mismo modo, la confianza ciudadana se construye con transparencia en el uso de los recursos públicos, no solo con discursos o actos públicos.
