La Fiscalía General de la República ha conseguido un total sumamente reducido de apenas diecisiete sentencias condenatorias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a lo largo de las últimas dos décadas en todo el país.
Informes oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia revelan que, pese a las miles de investigaciones iniciadas por las autoridades ministeriales federales desde el año dos mil seis, la capacidad del sistema de procuración de justicia para llevar los casos hasta una resolución judicial con sentencia condenatoria firme se ha mantenido en niveles marginales.
Especialistas en procuración de justicia y seguridad nacional señalan que este fenómeno responde a una combinación compleja de factores estructurales, entre los que destacan las severas dificultades técnicas para acreditar ante los tribunales el dolo y la ruta compleja del dinero, así como la falta de capacitación especializada sostenida entre los cuerpos periciales y ministeriales encargados de desarticular las redes financieras complejas de la delincuencia organizada.
Aunque el blanqueo de capitales constituye uno de los ejes neurálgicos de la economía criminal en territorio nacional, el aparato persecutor enfrenta cuellos de botella procesales que derivan frecuentemente en acuerdos abreviados con penas mínimas, sobreseimientos o la absolución de los imputados en las etapas de juicio oral.
