La imagen de una Cámara de Senadores aprobando por unanimidad de todos los partidos una ley para dialogar y negociar algo tan abstracto como la reforma del Estado, difiere diametralmente del desacuerdo y los intereses que han impedido que los senadores se pongan de acuerdo en algo tan concreto y urgente como nombrar a un simple consejero de la Judicatura Federal.
Más de cuatro meses han tardado los senadores para elegir a quien ocupe la vacante del Consejo de la Judicatura Federal, institución responsable de administrar y supervisar el trabajo de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal. La gravedad del retraso radica en que la vacante es de un consejero que representa al Senado y que sirve como contrapeso para evitar que los siete consejeros del Poder Judicial impongan su mayoría y tomen decisiones que promuevan "clientelismo judicial", o protejan a miembros de ese Poder acusados por irregularidades en la impartición de justicia.
La designación ha sido pospuesta porque no hay consensos. Ningún candidato tiene el apoyo de los tres grandes partidos y, ante el desacuerdo, los senadores han dejado el asunto "para después".
De 27 aspirantes que respondieron a la convocatoria del Senado, la mayoría son funcionarios del Poder Judicial o, incluso, de la misma Judicatura que aspiran a ascender al cargo con un sueldo mensual de 363 mil pesos -sumadas prestaciones oficiales-, que es dos veces lo que cobra el Presidente de la República.
La decisión estuvo a punto de tomarse en diciembre pasado, pero un cambio repentino del PAN entrampó las negociaciones. Hoy los panistas, a través de su coordinador Santiago Creel, impulsan al abogado Rafael Estrada Sámano, a quien, tras haber fracasado en su intento por ser ministro de la Suprema Corte, sus amigos del blanquiazul intentan meter, como "premio de consolación", al Consejo de la Judicatura.
El problema es que Estrada Sámano no se registró como aspirante en los tiempos que marcó la convocatoria del Senado, y si hoy se le abre un espacio en la lista oficial, se trataría de una "inscripción con dedicatoria" que se niegan a aceptar el PRI y el PRD.
El PRI tiene entre sus cartas a Jorge Arturo Camero Ocampo y a Blanca Ruth Esponda; el primero apoyado por el coordinador Manlio Fabio Beltrones, y la segunda por la recién electa dirigente priísta, Beatriz Paredes. Otra propuesta que en algún momento impulsó Beltrones fue la de Emilio Rabasa, actual director de la Facultad de Derecho del TEC de Monterrey en el DF, y ex subsecretario de Gobernación en la época en la que Manlio ocupó otra subsecretaría en Bucareli.
Eloy Fuentes Cerda es otra carta de Beltrones. El problema es que el ex presidente del Tribunal Electoral federal tiene antecedentes de malos manejos cuando dirigió la máxima instancia comicial del país.
Arely Gómez González -hermana del directivo de Televisa Bernardo Gómez- es otra candidata; se le liga directamente al ex presidente de la Corte Mariano Azuela, y aunque fue nombrada hace poco titular de la Fepade, nunca retiró su aspiración; como tampoco lo hizo Armando Salinas Torre, hoy subsecretario de Gobernación, pero que sigue apuntado por la Judicatura.
El PRD sólo juega con una carta: la abogada Diana Rosalía Bernal, ex diputada perredista. El problema es que Bernal está impedida por la ley para obtener el puesto, debido a que aún no cumple un año de haber ocupado un cargo de elección.
Notas indiscretas... Tras la embestida del PRD, Luis Carlos Ugalde tuvo que aclarar públicamente que él no utilizó la "prima matrimonial" a que tienen derecho -inmoral, pero derecho- los funcionarios del IFE. Pero quien sí utilizó esa "prima" es un prestigiado ex presidente del IFE que, unas semanas antes de dejar el cargo, contrajo nupcias y cobró los más de 200 mil pesos como parte de las jugosas prestaciones de los consejeros... Hoy, en la Comisión de Derechos Humanos del DF se entregan los premios a los ganadores del Primer Concurso de Guiones Radiofónicos sobre el tema de Derechos Humanos, al que convocó ese organismo... Se baten los dados. Cayó Escalera.
