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Las manifestaciones del personal de salud en México, y con particular intensidad en San Luis Potosí, no deben leerse como un episodio aislado ni reducirse a una disputa laboral. Expresan una crisis institucional que alcanza a quienes trabajan en hospitales y, sobre todo, a las personas que dependen de ellos para recibir atención.
Pedir medicamentos, material, equipo y personal suficiente no es un privilegio sindical: es una condición básica para atender con dignidad y seguridad. Cuando faltan insumos, el riesgo no se limita al desgaste de médicos, enfermeras y demás trabajadores; se traslada a los pacientes. La frase que circula entre la ciudadanía —“no te vayas a enfermar porque no hay material”— resume con crudeza una realidad que ningún indicador administrativo puede desmentir por sí solo.
También son legítimas las exigencias de salarios pagados a tiempo y condiciones laborales adecuadas. La vocación no reemplaza el sueldo, ni puede convertirse en una excusa para normalizar adeudos, jornadas extenuantes o plantillas incompletas. Durante años, el personal ha sostenido servicios esenciales pese a la escasez. Que ahora alce la voz no debería sorprender a las autoridades; tendría que obligarlas a escuchar.
Ahora amigo lector, si usted ha tenido la experiencia de utilizar el sistema de salud público en cualquiera de sus modalidades, no me dejará mentir que mucho de lo que hay que contar no resulta en su mayoría lo más placentero o satisfactorio.
La transición hacia el IMSS-Bienestar añade presión a un sistema que ya arrastraba carencias. Los cambios de administración y de modelo pueden ofrecer una oportunidad para corregir fallas, pero no bastan por sí mismos. Si los anuncios de cobertura y abasto no coinciden con lo que se vive en las unidades, la distancia entre el discurso oficial y la atención cotidiana se vuelve parte del problema. La ciudadanía no mide la capacidad del sistema en porcentajes, sino en si encuentra personal, medicamentos y equipo cuando los necesita.
En San Luis Potosí, las protestas y los bloqueos de vialidades han hecho visible esa tensión. Las afectaciones a la movilidad son reales y perjudican a terceros, incluidos pacientes que buscan llegar a una consulta o a un servicio de urgencias. Pero condenar únicamente el cierre de calles, sin atender las causas que llevaron a él, equivale a discutir el ruido mientras persiste la emergencia. El espacio público se convierte en mecanismo de presión cuando otros canales de diálogo parecen insuficientes o no producen respuestas.
Eso no significa que toda consigna deba quedar fuera de examen. Junto a las demandas por insumos, salarios y plazas, también aparece el reclamo relacionado con la destitución del líder sindical. Ese punto merece atención, pero exige distinguir con claridad entre la defensa de derechos laborales y la disputa por la conducción del sindicato. Cuando ambas agendas se mezclan, existe el riesgo de que las necesidades urgentes del personal y de los pacientes queden subordinadas a un conflicto de representación interna. La legitimidad de las carencias no vuelve automáticamente incuestionable a ninguna dirigencia; del mismo modo, la controversia sindical no invalida reclamos que son comprobables en la experiencia diaria de los hospitales.
A las autoridades les corresponde abrir una interlocución transparente, presentar compromisos verificables y explicar cómo resolverán los adeudos, el abasto y la falta de personal. A las dirigencias sindicales les toca informar con claridad a quiénes representan y evitar que la defensa laboral se confunda con la preservación de posiciones. Y a la sociedad le corresponde mirar más allá de la molestia momentánea por el tráfico: detrás de la protesta hay trabajadores que piden condiciones para cumplir una tarea de la que cualquiera puede depender.
La salud pública no puede sostenerse indefinidamente con sacrificios individuales ni con promesas de reorganización. Si las manifestaciones sirven para algo, debe ser para revelar que cuidar a quienes atienden también es cuidar a quienes necesitan atención. La respuesta no puede limitarse a despejar las calles; debe empezar por hacer posible que los hospitales funcionen, o ¿usted qué opina?
HASTA LA PRÓXIMA.
