La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, con 23 votos a favor y 8 en contra (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), el dictamen de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que propone facilitar el cumplimiento fiscal para pequeños negocios y profesionistas, apoyar a productores del campo y reforzar los controles contra la evasión fiscal.
Al presentar el dictamen, el presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, señaló que el objetivo es construir un sistema fiscal más sencillo y equitativo, impulsar la inversión y combatir prácticas ilegales sin aumentar las tasas de los impuestos existentes.
“Sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes”, dejó en claro.
Entre los principales cambios, apuntó que se encuentra la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Y es que, para personas físicas, el límite de ingresos anuales aumentaría de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para empresas pasaría de 35 a 50 millones.
También expresó que se propone elevar de 900 mil a un millón de pesos el monto de ingresos exentos de ISR para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros que cumplan los requisitos.
De igual forma, contempla mayores restricciones a ciertas deducciones y pérdidas fiscales de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, con el propósito de evitar que se reduzca artificialmente el pago de impuestos.
En la sesión se aprobaron tres reservas al dictamen, impulsadas por el petista, Reginaldo Sandoval; y los morenistas, Ana Ayala y Carlos Ventura Palacio Rodríguez.
Estas están relacionadas con la aplicación de estímulos fiscales, la eliminación del régimen opcional para grupos de sociedades y las deducciones de pagos al extranjero.
La primera reserva precisa que determinados estímulos fiscales no podrán combinarse con dos tratamientos específicos: el correspondiente a las operaciones de maquila y el de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles.
Sin embargo, de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo cuestionó que la restricción pueda cerrar oportunidades de inversión en sectores como el cine, la cultura, la tecnología y el deporte.
La otra modificación consiste en eliminar las referencias legales al régimen opcional para grupos de sociedades, luego de que se determinara derogar ese esquema fiscal.
Ante esto, el panista Héctor Saúl Téllez sostuvo que eliminar este régimen podría obligar a las empresas a pagar antes el ISR que podían diferir legalmente, afectando sus recursos disponibles para invertir, adquirir maquinaria y mantener sus operaciones.
La tercera modifica las reglas para que las personas físicas puedan deducir pagos realizados al extranjero; en general establece que la deducción se aplique en el ejercicio en que se pague la contraprestación y se entere la retención del impuesto correspondiente.
De nueva cuenta, Téllez advirtió que los cambios pueden generar mayores costos de financiamiento y limitar la inversión.
“Hacienda quiere tener primero el dinero y después ver si le regresa algo a las empresas”, afirmó.
El dictamen será remitido a la presidencia de la Mesa Directiva para su discusión en el pleno.
Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN cuestionaron las nuevas limitaciones para deducir gastos empresariales.
Advirtieron que algunas compañías podrían terminar pagando impuestos sobre ganancias que no representan sus utilidades reales, lo que afectaría su liquidez, la inversión y la capacidad para cubrir nóminas.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo reconoció las medidas para pequeños negocios, pero pidió revisar las reglas aplicables a las empresas y a los productores del campo.
“Quien evade debe pagar. Pero quien produce no debe ahogarse”, expresó.
Por su parte, la panista, Verónica Pérez Herrera también cuestionó los límites a las deducciones y propuso conservar el tope de 30 por ciento para la deducción de intereses netos, en lugar del 20 por ciento planteado en la reforma.
En contraste, el diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón defendió el dictamen y destacó que la ampliación del Resico facilitaría la incorporación de más contribuyentes a la formalidad.
También respaldó las medidas para combatir las facturas falsas y las prácticas utilizadas para evadir impuestos.
Afirmó que la propuesta incluye aportaciones de distintos grupos parlamentarios y sostuvo que los recursos públicos permiten financiar programas sociales y servicios.
“Es el dinero del pueblo que regresa directamente al pueblo”, sentenció.
