Detrás del Telón
El alcalde Enrique Galindo Ceballos tiene un capítulo de su trayectoria pública que merece un examen riguroso y pone en entredicho sus logros, que de manera reciente le ha dado por presumir a raíz de una serie televisiva: su paso por la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue un desastre.
Detrás de las operaciones contra el crimen organizado quedaron episodios de violencia institucional, denuncias de abusos y graves violaciones a los derechos humanos, no son simples acusaciones partidistas: existen investigaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que documentan hechos ocurridos durante su gestión.
El caso más grave ocurrió en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. La CNDH documentó en su Recomendación 4VG/2016 el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles, además de otras cuatro muertes, tortura y manipulación de la escena, los hechos involucraron a elementos de la Policía Federal, al mando de Galindo.
Cuando Galindo dejó la corporación en 2016 al ser cesado de manera fulminante por Peña Nieto por el desprestigio internacional que causó con su desempeño, la prensa documentó al menos cuatro acontecimientos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante los últimos dos años de su gestión; y su jefe directo, el entonces titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vio truncado su proyecto político y Galindo se tuvo que exiliar en España para enfriar las aguas en su contra.
Otro capítulo que acompaña su trayectoria es el de su tío materno, Julio Alfredo Ceballos Alonso, un expolicía que fue detenido el 4 de diciembre de 2010 durante un operativo militar en las Suites Tame, sobre la avenida Venustiano Carranza; la operación involucró a integrantes de Los Zetas, entre ellos un operador financiero vinculado con Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito; por sus influencias, Galindo logró eliminar el nombre de su tío del boletín oficial de la Sedena, y pocos días después Ceballos Alonso volvió a las calles, ligado siempre al bajo mundo.
El parentesco no constituye prueba de complicidad o responsabilidad penal del alcalde, pero la detención y los señalamientos periodísticos forman parte de los antecedentes públicos que han acompañado su carrera; las recomendaciones de la CNDH y las controversias de su entorno familiar plantean preguntas legítimas sobre responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, en cinco años de gestión como alcalde capitalino han evidenciado varios pasivos y sobre todo la falta de resultados en seguridad.
