Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó con la mayoría de votos la Ley de la Economía Digital, una ambiciosa propuesta enviada por el Ejecutivo que promete empujar al país, casi por decreto, hacia la modernidad financiera.
Pero, ¿Mexico está preparado para evolucionar y digitalizar el movimiento financiero?
En papel, la propuesta es seductora, habla de reducir el uso de efectivo y con ello combatir a la economía informal y la evasión fiscal.
Se pretende masificar el cobro mediante códigos QR, NFC y transferencias, implementar la CURP Digital e incluso otorgar a la Secretaría de Hacienda (SHCP) la facultad de exigir pagos exclusivamente digitales en sectores estratégicos.
Sin embargo, entre la retórica legislativa y la realidad que se vive en el mostrador de una miscelánea en Oaxaca o una gasolinera en la Sierra Norte, hay un gran abismo.
Si bien lo que se busca es la inclusión financiera y competitividad, el fantasma de la exclusión y la brecha digital será un reto difícil de enfrentar, donde la conectividad sigue siendo deficiente en amplias regiones del país y en donde más del 50% de la fuerza laboral opera en la informalidad; el imponer cobros digitales, podría ahogar al comercio minorista y me atrevería a decir que terminaría por empobrecer aun más a México, al tratarse de un país mayoritariamente de emprendedores y en donde la economía fluye por la venta del pequeño negocio.
Aunque la propuesta habla de dejar de depender del efectivo y abrir el sistema a herramientas para facilitar a que pequeñas empresas y emprendedores construyan un historial crediticio y les permite acceder a crédito formal y vender en mercados digitales. El adoptar terminales de pago, un internet estable y pagar comisiones bancarias representará un golpe directo para el comercio en pequeño si el Estado o los bancos no absorben esa carga.
En el otro lado de la cara están a la orden del día las estafas telefónicas, el phishing y la clonación. Y forzar a la población sin alfabetización digital a usar aplicaciones financieras la expone a fraudes masivos. Además, ante caídas de red o fallas de luz, la economía local simplemente se paralizaría.
La pregunta es: ¿De verdad México está preparado financieramente?.
Para responder esta pregunta, habrá que contrastar las metas del proyecto con la realidad operativa del sistema financiero.
Datos discutidos en la propia Cámara Baja, señalaron que más del 85% de las compras de hasta 500 pesos se siguen pagando con billetes y monedas.
Financieramente, el Estado y la banca tienen el músculo para procesar la transaccionalidad, pero la infraestructura de última milla es deficiente.
Si la Ley de Economía Digital se aprueba en el Senado sin un subsidio directo a la conectividad y a las comisiones de terminales para microempresas, la legislación no digitalizará la economía; simplemente marginará a quienes no puedan costear la transición.
Eldebate no debe centrarse en si la digitalización es deseable —nadie se opone al progreso—, sino en la gradualidad y el respeto a la realidad social.
El Senado tiene la oportunidad de matizar las facultades discrecionales asignadas a la SHCP para evitar que la obligatoriedad ahogue al pequeño comercio antes de tiempo.
Reducir el uso del efectivo debe ser paulatinamente y en consecuencia ofrecer alternativas baratas, seguras y accesibles, no debe tratarse de un decreto prohibitivo. Porque si se aprueba con prisa técnica pero a ciegas en lo social, se corre el riesgo de construir una economía digital impecable en la teoría, pero desconectada de la calle.
