A pesar de que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra un máximo de 60.7 millones de personas ocupadas en México, la calidad laboral en el país mantiene rezagos profundos. Datos del INEGI recopilados en el Termómetro Salarial del Observatorio de Trabajo Digno (OTD) revelan que el sistema ha priorizado la cantidad de empleos por encima del cumplimiento de las garantías mínimas de seguridad social e ingreso justo fijadas por organismos internacionales.
De acuerdo con las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que un empleo sea considerado “digno o decente” debe cumplir estrictamente con cuatro componentes esenciales:
Derechos laborales garantizados: Contratos estables, instalaciones seguras y respeto a las jornadas, descansos y licencias de la LFT.
Ingreso justo y remunerador: Retribución suficiente que permita cubrir las necesidades de vida del trabajador y su familia.
Protección y seguridad social: Cobertura de salud y mecanismos de protección ante contingencias o incapacidades.
Diálogo social y libertad sindical: Derecho de asociación y participación en procesos de negociación colectiva.
La falta de uno solo de estos elementos provoca que una ocupación deje de ser calificada como un trabajo digno.
Los datos del Termómetro Salarial del Observatorio de Trabajo Digno muestran que estar registrado formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no asegura salir de la pobreza. Dentro del sector formal, solo el 48 % de las personas contratadas percibe un salario digno o superior.
El 52 % de los trabajadores formales restantes recibe ingresos considerados de “sobrevivencia”, montos que resultan insuficientes para adquirir la canasta digna familiar. Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, expone que las mayores afectaciones al trabajo digno derivan de la exclusión estructural y de la precariedad de los puestos vigentes.
En el mismo sentido, Marianela Fernández, coordinadora de estrategia de justicia laboral en Oxfam México, explica que contar con una firma de contrato no se traduce automáticamente en cobertura de derechos si la retribución económica no satisface las necesidades mínimas.
