El 93.4 por ciento de los delitos cometidos en el país no se denunció o no derivó en una investigación, mientras que miles de casos permanecieron sin resolver.
En México, obtener una respuesta favorable después de ser víctima de un delito continúa siendo poco frecuente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2025 se cometieron aproximadamente 33.8 millones de delitos, de los cuales apenas el 1.1 por ciento tuvo un resultado positivo para la persona denunciante, equivalente a poco más de uno por cada 100 casos.
El informe, presentado el 10 de septiembre de 2026, revela que únicamente el 9 por ciento de los delitos fue denunciado ante las autoridades y que, de estas denuncias, el 73.5 por ciento derivó en la apertura de una carpeta de investigación. En consecuencia, el 93.4 por ciento de los hechos delictivos permaneció dentro de la denominada cifra oculta, que incluye aquellos que nunca se denunciaron o que no dieron lugar a una investigación formal.
La situación tampoco fue favorable para quienes decidieron acudir ante el Ministerio Público. Del total de denuncias que generaron una carpeta de investigación, en el 38.1 por ciento de los casos las víctimas señalaron que no ocurrió nada o que el asunto no se resolvió, mientras que el 39.5 por ciento permanecía en trámite. Entre las principales razones para no denunciar destacaron la pérdida de tiempo y la desconfianza hacia las autoridades, factores que continúan dificultando el acceso a la justicia.
Los resultados también muestran que aproximadamente 23 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito durante 2025 y que el 28.5 por ciento de los hogares mexicanos registró al menos una persona afectada. Aunque la tasa de victimización presentó una disminución respecto al año anterior, la elevada cifra de delitos sin denuncia y el reducido porcentaje de resultados favorables evidencian los desafíos que enfrenta el sistema de procuración de justicia para garantizar una atención efectiva a las víctimas.
