Contenido Neto
A menos de un año de las elecciones de 2027, la seguridad nacional comienza a ser utilizada como terreno de disputa electoral. Los episodios recientes en Querétaro y Chihuahua revelan algo más profundo que una diferencia administrativa entre gobiernos locales y la Federación: muestran el riesgo de que asuntos sensibles, como la soberanía territorial, la cooperación internacional y la presencia de agentes extranjeros, sean manejados con opacidad y convertidos en instrumentos de propaganda política.
Si tomamos en cuenta amigo lector, que un Estado como Querétaro que ha llevado las riendas de su crecimiento al margen de cualquier otra política que emane de izquierda, estaríamos pensando evidentemente que si habría un distanciamiento con la federación por obvias razones. Y si por otro las recapitulamos los últimos meses en críticas y declaraciones en torno a lo que pasa en Chihuahua, también podríamos ver este distanciamiento en un rubro que hoy si le interesa mucho al gobierno federal y que refiere a la Seguridad Pública. Y todo esto con un común denominador que es el gobierno de los Estados Unidos, en donde las relaciones internacionales no han sido definitivamente las mejores.
Ante estas tensiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por apoyarse en las instituciones del Estado. Omar García Harfuch se ha convertido en el principal rostro operativo de la estrategia federal de seguridad; el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, debe evaluar la legalidad y conveniencia de cualquier acuerdo de capacitación o cooperación extranjera; mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente y funcionarios como Roberto Velasco tienen la responsabilidad de encauzar por la vía diplomática los reclamos frente a la embajada de Estados Unidos.
El problema es que la institucionalidad federal parece enfrentarse, cada vez con mayor frecuencia, a gobiernos estatales que actúan con criterios políticos propios y, en ocasiones, sin la transparencia necesaria. En Chihuahua, la presunta operación no autorizada de agentes extranjeros —incluido el caso de personas identificadas como supuestos agentes de la CIA fallecidos en territorio estatal— plantea preguntas que no pueden resolverse con comunicados ambiguos ni con silencios oficiales. En Querétaro, la polémica alrededor de una academia policial internacional vinculada con la embajada estadounidense exhibe la misma fragilidad: acuerdos de alto impacto que parecen avanzar sin una explicación pública suficiente ni una coordinación clara con la Federación.
La crítica oficial sostiene que algunos gobiernos de oposición buscan fuera del país lo que no han podido construir dentro de sus propias instituciones. La frase es políticamente eficaz, pero no basta para responder al fondo del asunto. La cooperación internacional en materia de seguridad puede ser necesaria, pero nunca debe operar al margen de la ley, de los controles constitucionales ni de la responsabilidad que corresponde al Estado mexicano en su conjunto.
También resulta preocupante la concentración de la agenda civil de seguridad en la figura de García Harfuch. Su protagonismo puede ofrecer una conducción más visible y técnica, pero también lo coloca en el centro de conflictos que involucran a gobiernos estatales, agencias estadounidenses y decisiones de política exterior. La exposición de un solo funcionario puede facilitar la comunicación, aunque al mismo tiempo vuelve vulnerable la estrategia cuando cada controversia depende de una respuesta personal y no de una explicación institucional completa.
La comunicación presidencial merece una consideración aparte. La llamada “Mañanera” ha sido una herramienta de conducción política, pero responder diariamente a controversias internacionales o disputas estatales puede llevar al Gobierno federal a reaccionar antes de contar con todos los elementos. La sobreexposición no fortalece necesariamente la autoridad presidencial; en algunos casos, la desgasta. La prudencia no significa silencio, sino elegir el momento, la instancia y el tono adecuados para cada asunto.
En este escenario, San Luis Potosí ofrece un contraste relevante. El Estado ha decidido mantener una relación más institucional con la Federación, privilegiando la coordinación antes que la confrontación pública. Esa postura no significa renunciar a la autonomía local ni aceptar sin crítica las decisiones del Gobierno federal. Significa entender que la seguridad, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía no pueden convertirse en banderas partidistas cada vez que se acerca una elección.
La diferencia entre una entidad que coordina y otra que confronta no es menor. En el primer caso, los desacuerdos pueden procesarse mediante convenios, mesas de trabajo y responsabilidades claramente delimitadas. En el segundo, la disputa política termina contaminando asuntos que deberían permanecer fuera de la lógica electoral.
El umbral de 2027 ya está modificando los incentivos de los actores públicos. Los gobiernos de oposición tienen razones para marcar distancia de la Federación, mientras que el oficialismo busca demostrar que posee el control de la agenda nacional. Pero la soberanía no se defiende con declaraciones estridentes, ni la seguridad mejora con acuerdos opacos. Ambas requieren instituciones, coordinación y rendición de cuentas.
San Luis Potosí parece haber entendido que la relación con la Federación puede ser firme sin ser estridente. Esa vía institucional será puesta a prueba conforme avance el calendario electoral. El país necesita menos gobiernos interesados en convertir cada diferencia en espectáculo y más autoridades capaces de resolver sus desacuerdos sin poner en riesgo la seguridad ni la credibilidad del Estado mexicano.
HASTA LA PRÓXIMA.
