La Cámara de Diputados dio un paso decisivo hacia la digitalización financiera del país al aprobar la nueva Ley de Economía Digital, un proyecto que busca erradicar gradualmente el uso de dinero físico en transacciones cotidianas. La medida comenzará a aplicarse de forma obligatoria en el cobro de casetas de peaje y estaciones de gasolina, estableciendo que el pago en estos rubros solo podrá realizarse mediante tarjetas o aplicaciones móviles.
Tras un debate que se prolongó durante más de cuatro horas, la iniciativa presidencial recibió el respaldo de 327 legisladores de la bancada oficialista y sus aliados, mientras que 122 diputados de la oposición emitieron su voto en contra. Con esta votación, la propuesta fue turnada formalmente al Senado de la República para su revisión y ratificación.
Uno de los aspectos clave del dictamen avalado es que otorga atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir qué otras actividades comerciales relevantes dejarán de admitir billetes y monedas. Asimismo, la ley reconoce formalmente métodos de cobro como transferencias electrónicas, códigos QR y tecnología de pagos por contacto NFC, e incorpora la CURP digital como mecanismo válido de identificación oficial para contratar servicios financieros.
Quienes defendieron la propuesta argumentaron que el fomento de los medios digitales busca reducir los costos de transacción, optimizar la eficiencia económica e integrar a un mayor número de personas y pequeños negocios en la dinámica productiva formal.
En contraste, las bancadas de oposición cuestionaron severamente la aplicabilidad de la norma. Señalaron que el mandato resulta inviable en comunidades rurales o regiones que carecen de infraestructura de internet, al tiempo que criticaron el amplio margen de discrecionalidad concedido a las autoridades hacendarias para determinar qué sectores serán obligados a abandonar el dinero líquido.
Por último, los legisladores opositores advirtieron sobre las repercusiones económicas para los pequeños comerciantes, ya que más de la mitad de la población económicamente activa opera en el comercio informal. Al no contemplarse una estrategia gradual de adaptación, señalaron que el costo de la digitalización y las comisiones bancarias podrían trasladarse de forma directa a los consumidores finales y afectar a las microempresas, que representan la mayor fuente de empleo en el país.
