Estados Unidos formalizó este martes la sanción contra Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y otras 20 personas, así como 25 empresas y entidades, al publicar sus designaciones en el registro oficial del Gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La medida había sido anunciada por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre y quedó formalizada con su publicación en el Federal Register, el registro oficial de Estados Unidos. La sanción implica el bloqueo de cualquier bien o activo de los designados que se encuentre en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país, además de prohibir, en términos generales, transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con ellos.
En el caso de Carlos Torres, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, en apoyo del Cártel de Sinaloa.
La OFAC también incluyó en la lista a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, a quien señala igualmente de haber proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios, al Cártel de Sinaloa.
Además, cinco empresas fueron sancionadas por estar vinculadas directamente con Luis Alfonso Torres: Distribuidora y Comercializadora ATAF, con sede en Ciudad Juárez; Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana, estas últimas en Tijuana.
Según el reporte de la OFAC, la corrupción impulsada por el Cártel de Sinaloa ha alcanzado los niveles más altos del Gobierno estatal en Baja California.
Carlos Alberto Torres Torres es señalado por la agencia estadounidense de mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", identificado como comandante de la facción de "Los Rusos", perteneciente a "Los Mayos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California.
La OFAC sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California.
