La Cámara de Diputados avanza con una nueva reforma a la Ley Aduanera que busca fortalecer las facultades de fiscalización, combatir la subvaluación de mercancías y endurecer las medidas contra operaciones irregulares relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.
Uno de los principales cambios consiste en modificar las reglas que permiten a las autoridades actuar cuando detectan posibles diferencias entre el valor declarado por un importador y el precio de transacción de mercancías idénticas o similares.
La reforma elimina de la legislación el actual umbral del 50 por ciento que condiciona determinados embargos precautorios por subvaluación. Las autoridades aduaneras podrán establecer mediante disposiciones posteriores el porcentaje que deberá considerarse para aplicar esta medida.
Buscan frenar mercancías declaradas por debajo de su valor
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, ha defendido la modificación al señalar que busca proteger el interés fiscal y ampliar las herramientas disponibles para detectar mercancías cuyo valor declarado sea inferior al que realmente corresponde.
Los legisladores que respaldan el proyecto sostienen que la subvaluación permite reducir indebidamente el pago de contribuciones y genera condiciones de competencia desfavorables para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
El proyecto también establece medidas específicas contra irregularidades relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.
Una modificación al artículo 185 establece que, cuando determinadas infracciones involucren este tipo de mercancías, podrán imponerse multas equivalentes a entre 50 y 100 por ciento de su valor comercial.
La medida forma parte del endurecimiento de los controles destinados a combatir esquemas de evasión y contrabando asociados al denominado huachicol fiscal.
Oposición advierte riesgos para empresas
Durante el análisis de la reforma también surgieron cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes coincidieron en la necesidad de combatir la subvaluación, pero advirtieron sobre los efectos que podría tener una ampliación de las facultades de la autoridad aduanera.
La diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que el proyecto amplía la posibilidad de embargar mercancías sin incorporar, desde su perspectiva, suficientes garantías, por lo que planteó establecer controles verificables y responsabilidades claras para las autoridades.
Desde el PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández también reconoció la necesidad de combatir la subvaluación, aunque cuestionó si la metodología contemplada permitirá mantener la agilidad de las operaciones cotidianas de comercio exterior.
Entre los argumentos planteados durante el debate se encuentra el riesgo de que diferencias legítimas de precios —derivadas de condiciones comerciales particulares— puedan generar revisiones o medidas precautorias que representen costos adicionales para las empresas.
Reforma entraría en vigor en 2027
El proyecto establece que las modificaciones entren en vigor el 1 de enero de 2027, con el objetivo de dar tiempo para que autoridades y participantes del comercio exterior conozcan y preparen la implementación de las nuevas disposiciones.
Además, las autoridades aduaneras deberán publicar a más tardar el 31 de diciembre de 2026 las disposiciones necesarias para determinar cómo se aplicarán algunos de los nuevos mecanismos relacionados con la valoración de mercancías.
Morena y sus aliados han defendido los cambios bajo el argumento de que buscan fortalecer la recaudación y combatir prácticas ilegales sin crear nuevas contribuciones, mientras que legisladores de oposición han centrado sus cuestionamientos en las garantías para importadores y en los posibles efectos sobre las operaciones de comercio exterior.
La reforma continuará su proceso legislativo antes de que sus modificaciones puedan entrar en vigor.