La Suprema Corte de Justicia avaló hoy la reforma legal sobre integridad de candidatos, vigente desde junio pasado, que estableció un mecanismo voluntario para que los partidos políticos sometan a sus aspirantes a una evaluación de riesgo por autoridades de inteligencia y seguridad.
Por unanimidad, la Corte declaró infundada una acción de inconstitucionalidad promovida por la dirigencia nacional del PRI, único que impugnó la reforma, resultado de una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que recibirá listas de quienes voluntariamente se sometan a la revisión de riesgo, a cargo de dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR.
Los partidos políticos son los que decidirán si postulan al candidato una vez recibido el informe de dichas autoridades.
El PRI alegó violaciones a derechos como presunción de inocencia, autonomía del INE, derecho a ser votado, protección de datos personales e indefinición de términos clave, entre ellos el de "riesgo razonable", pero todos sus argumentos fueron rechazados.
La mayoría no aceptó la propuesta de dos Ministros para que la Corte interprete el "riesgo razonable", de tal forma que solo queden vetadas personas contra las que ya exista acusación penal ante un juez, por hechos relacionados con la delincuencia organizada, y no solo por que existan indicios sobre cualquier ilícito no grave.
"La porción normativa ´riesgo razonable´ es una conclusión a la que solamente se puede arribar cuando las instituciones del Estado Mexicano han presentado esos hechos ante un juez buscando la vinculación a proceso de la persona", dijo el Ministro Giovanni Figueroa, al proponer una interpretación conforme por parte de la Corte.
El Presidente Hugo Aguilar fue el único que apoyó la propuesta, y agregó la idea de acotar la revisión al tema de delincuencia organizada, debido a la premura que generan los tiempos electorales y la dificultad de revisar el historial de todos los aspirantes.
Loretta Ortiz, autora del proyecto, rechazó esta propuesta, y dijo que no se deben permitir candidaturas vinculadas con cualquier delito, como violación, robo o fraude.
A fin de cuentas, el único voto en contra en todos los temas fue de Figueroa, y solo para invalidar un porción que indica que el INE recibirá el informe de la evaluación "sin señalar el asunto del que se derive el riesgo".
Esta es la única acción de inconstitucionalidad contra leyes federales que se ha presentado y admitido en la Corte desde enero de 2025.
Lo anterior, ya que la Oposición no tiene siquiera el 33 por ciento en alguna cámara del Congreso, necesario para promover acciones, al tiempo que la CNDH desde hace años no impugna una sola reforma federal.
El PRI también presentó una acción contra la reforma Constitucional que prevé la nulidad de elecciones por "intervención extranjera", pero fue desechada de inmediato por la Ministra Yasmín Esquivel, ya que no procede recurso alguno para impugnar ese tipo de reformas.
