Una denuncia por maltrato animal expresa la preocupación de alguien que decidió intervenir frente al sufrimiento de un ser vivo. Detrás de ella puede haber una persona rescatista o un vecino que espera una respuesta de la autoridad, y esa respuesta debe servir para atender al animal afectado y reducir el riesgo de nuevas agresiones.
La semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que busca establecer un marco nacional de protección y distribuir responsabilidades entre las autoridades. El desafío será convertir esas disposiciones en atención efectiva cuando se presente un caso de abandono, negligencia o crueldad.
En mayo pasado presenté una iniciativa para crear un registro de personas responsables de maltrato animal y establecer su inhabilitación temporal para actividades relacionadas con el cuidado, resguardo o comercio de animales. Esa propuesta fue una de las consideradas para la construcción del dictamen, que incorpora un padrón de personas infractoras y consecuencias para quienes permanezcan inscritos.
El padrón contempla la inscripción de personas responsables de determinadas infracciones una vez que la resolución administrativa quede firme, con restricciones para obtener permisos y autorizaciones previstos en la ley y recibir apoyos públicos directamente relacionados con el bienestar animal. Conocer esos antecedentes puede ayudar a las autoridades a considerar las infracciones acreditadas al autorizar actividades que involucren animales.
Para que esa herramienta cumpla su propósito, hará falta información confiable, autoridades que la consulten y procedimientos que funcionen. Una denuncia necesita seguimiento, el animal afectado puede requerir atención veterinaria y resguardo, y las medidas impuestas deben cumplirse, porque la protección pierde fuerza cuando la respuesta institucional se detiene después de recibir un reporte.
En San Luis Potosí, las familias que cuidan a sus animales y las personas que rescatan ejemplares heridos o abandonados tienen mucho que aportar a esta discusión. Quienes asumen gastos de alimentación, tratamientos y alojamiento merecen encontrar instituciones con las cuales colaborar, bajo responsabilidades definidas y con capacidad para intervenir cuando la situación lo exige.
El proyecto continuará su discusión en la Cámara de Diputados y todavía debe concluir el proceso legislativo. Conforme avance, será necesario preparar su aplicación en coordinación con estados y municipios, considerando el personal, los recursos y los servicios que requieren las obligaciones previstas.
La protección animal también se juega en lo que sucede después de denunciar. El valor de esta legislación estará en que una persona encuentre respuesta cuando pida ayuda, en que el animal reciba atención y en que las autoridades actúen a tiempo para evitar que el daño vuelva a ocurrir.
