Con el voto en contra de la Oposición, la Comisión de Hacienda de San Lázaro aprobó la expedición de la nueva Ley de Economía Digital, que faculta a la Secretaria de Hacienda a determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en donde los pagos digitales serán la única forma de
La propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada con 25 votos de Morena y sus aliados y cuatro en contra de la Oposición después de hacer algunas modificaciones de forma, no de fondo.
La nueva ley señala que además de establecer sectores estratégicos y actividades relevantes en donde los pagos digitales serán la única forma de pago, en la contratación digital de servicios financieros, la CURP digital será aceptada como un mecanismo de confianza.
Para ello, el Banco de México deberá emitir disposiciones que establezcan la homologación de la experiencia de uso de aplicaciones de servicios financieros, emitir disposiciones en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que las entidades permitan la recepción de pagos electrónicos y digitales mediante códigos QR y proveer infraestructura para propiciar el acceso de la población a servicios financieros.
Durante el debate de la propuesta presidencial que será discutida la próxima semana, la emecista Patricia Flores Elizondo advirtió que ésta no garantiza que el costo de la digitalización no será trasladado al consumidor.
Dijo que si bien México tiene que avanzar hacia la economía digital, no se puede comenzar a reducir el uso de efectivo sin resolver antes quién va a pagar ese proceso, cómo se evitará que el costo quede escondido en el precio que paga el consumidor e incluso cómo se protegerá la información de las personas.
"Una persona llega a una gasolinera y paga 200 pesos en efectivo recibe dos mil 200 pesos de gasolina, pero cuando una operación pasa a un sistema digital aparece infraestructura: terminales, bancos, redes, plataformas, conectividad y sistemas de procesamiento (...) Claro que existen mecanismos que pueden eliminar algunas comisiones, pero no todas las operaciones digitales funcionan así. Esta ley tendría que generar algo elemental: que 200 pesos digitales compren exactamente lo mismo", indicó.
Flores Elizondo detalló que de acuerdo con el INEGI, en compras de 500 pesos o menos, 85.2 por ciento de las personas utilizan principalmente efectivo, mientras que en compras mayores a esa cantidad, el efectivo es usado en el 73.5 por ciento de las personas.
El panista Héctor Saúl Téllez puso en duda la efectividad de la medida y como ejemplo, recordó que el propio Gobierno fue incapaz de detectar los 2 mil millones de pesos que migraron de cuentas mexicanas a Suiza "junto con Amílcar Olán".
"Si el Gobierno ni siquiera puede monitorear y digitalizar este tipo de operaciones imagínense nada más, por favor", lanzó.
El legislador sostuvo que la prohibición para el uso de billetes y monedas en diversos comercios y servicios afectará a personas sin cuenta bancarias, a adultos mayores, a comunidades sin internet o telefonía móvil.
Coincidió en que la nueva ley obliga a comercios a tener terminales e internet sin definir quién pagará esos equipos o comisiones bancarias por cada cobro, lo que provocará que negocios paguen más o trasladen costos a los precios finales de los productos.
"Si se va la luz, si le falla el internet o se cae el sistema bancario de forma recurrente los negocios y ciudadanos quedarán desprotegidos y con riesgo de ser señalados por incumpliendo", sostuvo.
El priista Emilio Suárez detalló que su bancada votaría en contra porque la implementación de la reforma dependerá de la tecnología instalada y de las fallas sistémicas que se puedan propiciar, además de que no resuelve la informalidad en la que hoy se encuentra el 55 por ciento de la población económicamente activa.
Alertó que la reforma podría aumentar la vulnerabilidad ante fraudes y ciberdelitos.
Detalló que actualmente, el 60 por ciento de los fraudes se cometen en el ecosistema digital, y durante los primeros del 2026 la policía cibernética, por solo un caso de la Ciudad de México, recibió 14 mil 145 reportes por distintos ciberdelitos.
"El país no ha avanzado lo suficiente para prevenir y combatir esos delitos", afirmó.
