El Universal | 08/03/2011 |
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, confirmó que varios de los elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima que se encuentran aún arraigados en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO), “fueron torturados y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trasladó a las instalaciones donde están arraigados para dar fe de las lesiones”.
En la actualidad aún se encuentran 32 elementos arraigados por la SIEDO, señaló Chapula de la Mora.
El ombudsman colimense dijo que luego de que los arraigaron, los 32 elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde “se les practicó la fe ministerial de las huellas externas en el cuerpo, en la masa corporal, de las torturas, ahí fueron los médicos a dictaminar las lesiones que tienen”.
Chapula de la Mora dijo esos elementos “están golpeados, están torturados; se hablaba por ejemplo de Heriberto Padilla (uno de los detenidos), se hablaba de otros agentes que tenían huellas muy graves, incluso tenían afectación de la vista, a mí no me tocó verlos, fue la información que nos dieron las familias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ya se presentaron a practicar la fe correspondiente, pero también el Ministerio Público Federal dio fe de las huellas externas de la tortura que traían los agentes”.
Añadió el ombudsman que “estuvimos muy pendientes de que la CNDH acudiera de manera oportuna a las instalaciones en la casa de arraigos, que tiene la Siedo en la colonia Doctores; fueron visitadores de la CNDH y dieron fe, junto con los médicos, de las huellas de violencia externa, que es tortura y los dictaminaron en tiempo”.
Destacó que con eso no hay el riesgo de que cuando sean liberados ya no muestren huellas de esa tortura porque en tiempo se dio fe de ello. “Además es importante que nuestro sistema constitucional, donde se establece la presunción de inocencia, le demos vigencia”.
Respecto a las denuncias interpuestas por los primeros trece elementos (de los 45 que fueron arraigados originalmente), que fueron liberados, “se recibió la misma y se turnó a la CNDH, por disposición de la ley orgánica de la Comisión, cuando hay una queja por parte de alguna persona por presunta violación a los derechos humanos e interviene una autoridad federal, en este caso los elementos de la Secretaría de Marina, entonces por eso se remitió a nivel central”.
Dijo que no solamente se remitió la queja interpuesta, “sino que también intervenimos para que vinieran integrantes de la segunda visitaduría de la CNDH, y viniera personal de Servicios Periciales, concretamente un médico legista especializado en tortura y el director de servicios periciales de la segunda visitaduría a practicar los exámenes correspondientes, fueron exámenes físicos a los judiciales que presentaron las quejas y de esta manera cerciorarse y corroborar que mostraban huellas de tortura”.
El ombudsman colimense dijo que ya será la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que dictamine respecto a la violación de los derechos humanos.
Por otra parte dijo que a los trece judiciales que presentaron su queja ante la CEDH, se les orientó para que presentaran una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación, por las lesiones que mostraban a consecuencia de la tortura “y porque también es importante que se investiguen los hechos y en su caso se pueda determinar la comisión del delito y responsabilidad de quien intervino en ella, para darle vida a esa figura delictiva y sobre todo a esa ley que de alguna manera pudiera frenar el abuso del poder en que incurren las autoridades”.
Destacó que este es un ejemplo “para que ni las policías abusen de los civiles, ni los militares abusen de las policías, se trata de que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos; que no haya torturas, que no haya tratos crueles e inhumanos, ni haya abuso del poder, que cuando se investigue y se persigan delitos, se haga con estricto apego a la legalidad, con la única limitante que establece la Constitución Política del país y de esta forma, con pruebas, se acredite el delito de quien o quienes lo hayan hecho y de esta manera se puedan iniciar las indagatorias o el ejercicio de la acción penal y esté debidamente sustentado”.
Chapula de la Mora durante la entrevista, dijo que se está combatiendo el abuso del poder, “se está dando curso legal a las quejas presentadas y estamos muy pendientes de que la CNDH actúe, precisamente con los medios probatorios y en su momento y lo más rápido posible, las resuelva y esperamos emita su recomendación en contra de la autoridad que cometió este acto de tortura en contra de los judiciales”.
Durante la entrevista, Roberto Chapula recordó que una vez que fueron detenidos los elementos de la policía de procuración de justicia, fueron remitidos a Manzanillo a las instalaciones de la Región Naval “y lo pusieron inicialmente a disposición de la unidad antiterrorista en calidad de testigos fueron 39, de ahí, la unidad antiterrorista les tomó declaración y como no tenían nada que ver en los hechos, los turnaron a la dirección de delitos contra la salud, al Ministerio Público de la Federación y ahí la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada, ahí el ministerio público pidió a un juez de distrito en materia de arraigos, quien concedió el arraigo precisamente para buscar los elementos de prueba para sustentar en la indagatoria la acusación correspondiente”.