San Luis Potosí, SLP.- La discusión sobre El Realito abrió dos rutas completamente distintas para enfrentar uno de los problemas más persistentes del abastecimiento de agua en San Luis Potosí, sustituir prácticamente todo el acueducto, como planteó el alcalde Enrique Galindo Ceballos, o concentrar recursos en los segmentos que los estudios técnicos han identificado como los de mayor riesgo.
La diferencia no es menor. El sistema tiene aproximadamente 132 kilómetros de tubería y una intervención completa supondría una obra de gran escala. Sin embargo, los diagnósticos públicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han establecido hasta ahora que la totalidad de esa infraestructura deba reemplazarse.
En 2023, la dependencia federal informó que el 90 por ciento de las fallas se concentraba en un tramo de 59 kilómetros construido con tubería de concreto preesforzado. Posteriormente, tras inspecciones especializadas, Conagua precisó que aproximadamente 13.5 kilómetros presentaban condiciones susceptibles de provocar nuevas fallas.
Ese diagnóstico cambia el centro del debate, antes de hablar de sustituir 132 kilómetros, tendría que determinarse técnicamente qué partes del sistema realmente requieren una renovación total.
Durante su Informe de Gobierno, Galindo planteó la posibilidad de sustituir completamente la tubería de El Realito, incluso bajo la idea de hacerlo “cueste lo que cueste”. Pero una intervención de esa magnitud requeriría mucho más que voluntad política, proyecto ejecutivo, estudios hidráulicos actualizados, definición de responsabilidades contractuales, presupuesto y una fuente concreta de financiamiento.
Frente a ese planteamiento, existe una ruta distinta que ya se encuentra bajo análisis institucional.
La Comisión Estatal del Agua (CEA) ha planteado sustituir entre 12 y 13 kilómetros en el sector donde se concentra el mayor número de fracturas. La propuesta considera tubería de polietileno de alta densidad y parte de estudios que atribuyen algunos desperfectos a fuertes contrapresiones hidráulicas o “golpes de ariete”.
La cifra prácticamente coincide con el diagnóstico difundido por Conagua en agosto de 2024, 13.5 kilómetros susceptibles de presentar fallas. En ese momento, la dependencia federal informó que la concesionaria se había comprometido a sustituirlos, aunque entonces únicamente se habían realizado trabajos en dos kilómetros.
Así, la discusión no está solamente en decidir cuánto tubo cambiar, sino en explicar por qué tendría que intervenirse cada tramo y quién asumiría el costo.
La urgencia tampoco es hipotética. El pasado 22 de septiembre se registró el séptimo desperfecto del sistema durante 2026. La CEA atribuyó el incidente a un golpe de ariete y reportó la sustitución de 40 metros de tubería de concreto por acero de 48 pulgadas.
La dependencia estatal informó además que Aquos mantenía un suministro de 570 litros por segundo hacia la zona metropolitana y que cada falla genera una sanción de cinco millones de pesos. Con siete incidentes durante este año, las multas reportadas suman 35 millones de pesos.
El problema, por tanto, ya no admite únicamente anuncios de largo alcance. Cada ruptura vuelve a interrumpir un sistema del que depende parte del suministro metropolitano y obliga a responder nuevamente a la emergencia.
Mientras desde el Ayuntamiento se coloca sobre la mesa una reconstrucción de gran escala, el análisis institucional avanzó hacia otro punto que podría resultar determinante, saber si el actual modelo de operación de El Realito debe continuar.
Banobras y Conagua revisan actualmente las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del sistema y del contrato vigente con Aquos El Realito. Entre las alternativas que serán evaluadas se encuentra incluso una posible rescisión contractual y las consecuencias financieras que tendría para el Estado.
Ese proceso todavía no arroja una solución definitiva. Precisamente por ello, convertir desde ahora los 132 kilómetros en una cifra incuestionable para resolver el problema rebasa lo que hasta el momento sostienen públicamente los diagnósticos técnicos disponibles.
El antecedente federal apunta hacia una intervención focalizada, mientras el análisis actual busca determinar qué alternativa resulta técnica, financiera y jurídicamente sostenible.
El verdadero contraste alrededor de El Realito ya no está entre quién promete una obra mayor y quién anuncia una menor. Está entre las propuestas políticas y lo que finalmente puedan sostener los estudios.
Después de años de fracturas, reparaciones, sanciones y cortes de suministro, San Luis Potosí necesita que cualquier intervención —sean 13, 59 o 132 kilómetros— tenga primero una respuesta técnica y financiera que explique por qué debe hacerse, cuánto costará y quién tendrá que pagarla.
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