San Luis Potosí, SLP.- El conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la empresa VEM por los terrenos de Lomas Cuarta Sección abrió un nuevo frente. Lo que comenzó como una controversia mercantil por la terminación de un contrato ahora llegó al terreno federal, luego de que un juzgado diera vista al Ministerio Público por presuntas irregularidades en documentos incorporados al juicio.
En el centro del nuevo episodio aparece Urenda Queletzú Navarro, abogada general de la UASLP, debido a cuestionamientos formulados por la defensa de VEM respecto de documentación presentada como parte de las pruebas del proceso.
De acuerdo con el expediente 11674/2025, radicado en el Juzgado Mercantil Federal del Noveno Circuito, el abogado Carlos Humberto García Coria presentó los escritos identificados con los números 8014 y 8098, mediante los cuales señaló presuntas inconsistencias relacionadas con el contrato celebrado entre la Universidad y la empresa.
La controversia se concentra particularmente en una serie de anexos que, según la defensa de VEM, no formaban parte del documento originalmente suscrito. Entre ellos se encontrarían especificaciones y calendarios de trabajo que posteriormente fueron utilizados para sostener un supuesto incumplimiento contractual.
El punto resulta relevante porque, conforme a lo expuesto dentro del propio conflicto universitario, Navarro habría reconocido ante la Comisión de Hacienda de la UASLP que determinados anexos mencionados en el contrato no fueron incorporados al instrumento firmado.
La defensa sostiene además que los cronogramas cuestionados carecen de firmas, sellos o protocolización que permitan acreditar que fueron aceptados originalmente por ambas partes. Bajo ese argumento, VEM rechaza que dichos documentos puedan utilizarse para establecer plazos que posteriormente se consideren incumplidos.
Los señalamientos provocaron que la autoridad judicial diera vista a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar lo procedente respecto de los hechos puestos en su conocimiento. Esto no implica, por sí mismo, que se haya acreditado la comisión de algún delito ni determina responsabilidad penal de la funcionaria universitaria.
El expediente también incorpora otro elemento al conflicto. García Coria sostiene que la Abogacía General solicitó previamente una opinión a un despacho externo para conocer la viabilidad de rescindir el contrato. Según lo expuesto por la defensa, el análisis habría concluido que la terminación no resultaba jurídicamente viable.
Pese a esa opinión, la representación jurídica universitaria habría continuado con la ruta para concluir la relación contractual y con la recopilación de elementos que respaldaran esa decisión. Es precisamente dentro de ese conjunto documental donde VEM ubica las pruebas que ahora cuestiona.
Así, la disputa por los terrenos de Lomas Cuarta Sección deja de concentrarse únicamente en determinar si existió o no incumplimiento contractual. El nuevo punto de discusión será establecer el origen, autenticidad y alcance jurídico de los documentos incorporados al litigio, mientras la autoridad federal analiza los señalamientos que llegaron a su conocimiento.
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