Luego de que se diera a conocer el retiro de la notificación roja de la Interpol emitida contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, las autoridades mexicanas reiteraron que la investigación penal en su contra sigue abierta y que los mandamientos judiciales en territorio nacional continúan vigentes.
La búsqueda internacional, activada a finales de 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), derivó de órdenes de aprehensión libradas por un juez federal tras detectar un entramado financiero destinado presuntamente a la malversación de fondos públicos y al blanqueo de capitales.
El esquema de las "factureras" y contratos penitenciarios
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, la pareja habría encabezado una estructura delictiva respaldada en una red de empresas fachada o factureras. Mediante este mecanismo se simularon compras, contrataciones de servicios e intermediaciones comerciales que nunca se llevaron a cabo, con el objetivo de ingresar dinero del erario público al sistema bancario y simular ganancias legítimas.
Entre las operaciones señaladas por la autoridad destacan dos contratos adjudicados para los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), los cuales sumaron un monto total de 2,950 millones de pesos.
Imputaciones y cargos principales
Los delitos por los cuales la FGR requiere a Gómez Mont y a Álvarez Puga son:
* Delincuencia organizada: Por la presunta articulación reiterada de un grupo destinado a cometer ilícitos financieros.
* Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): Por el ocultamiento y la dispersión de fondos de origen público.
* Peculado: Por la malversación y desvío de recursos asignados a la seguridad del Estado.
Situación jurídica y postura oficial
Pese a la actualización en la base de datos del organismo internacional de policía, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la cancelación de la ficha roja no representa una absolución ni el cierre definitivo de la causa penal.
Las órdenes de captura libradas por los tribunales mexicanos siguen ejecutables en cuanto los imputados pisen territorio nacional. Asimismo, el Gobierno de México solicitó formalmente a la Interpol el dictamen técnico con las razones del retiro de la alerta para gestionar su eventual restablecimiento.
