EL UNIVERSAL | 08/03/2011 |
Los feminicidios en Chihuahua alcanzaron una marca alarmante: tan solo en el 2010 fueron asesinadas más mujeres en el estado de Chihuahua que de 1993 al 2006, reveló en entrevista la directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Luz Estela Castro.
Para la activista, conocida popularmente como Lucha Castro, la ola de violencia que padece la entidad ha sido el pretexto perfecto para que las autoridades estatales y federales se desentiendan de las investigaciones y combate a los feminicidios que se siguen registrando aquí, como a principios de los años 90.
“El argumento oficial es que se está combatiendo al crimen organizado, pero en ese contexto no se da ninguna atención a la violencia especifica contra las mujeres”.
Después de casi 30 años de encabezar movimientos en defensa de los derechos de las mujeres y ser reconocida a nivel internacional, Castro considera que las activistas de la entidad se encuentran en el momento de mayor riesgo que se ha tenido, ya que tan solo en el último año tres reconocidas luchadoras sociales fueron asesinadas, una de ellas en la propia sede del gobierno estatal.
¿En qué condiciones se encuentran, en general, los derechos humanos de las mujeres en Chihuahua?
La seguridad ciudadana se ha circunscrito a determinados ejes como el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas, pero han dejado de lado a más de 50% de las mujeres, en el sentido de que solamente se ven los crímenes ligados a ese tipo de delincuencia y no se atienden los de genero.
Estamos hablando de la violencia familiar, la trata de mujeres, la desaparición forzada de jovencitas, y por supuesto el feminicidio. Ninguno de esos temas son prioritarios en para la agenda gubernamental... en este momento las condiciones de las mujeres, desde el punto de vista de las políticas públicas, se encuentra en su nivel más bajo.
¿El clima de violencia generalizada que padece la entidad ha sido un detonante de la violencia de género?
El año pasado el número de feminicidios ascendió a 440, una cifra superior a los registrados desde 1993, cuando empezamos a documentar los homicidios de mujeres, hasta el año 2006, en ese periodo la cifra es unos 400.
Lo que nos preocupa es que quienes implementaron la Iniciativa Mérida, en los tres niveles de gobierno no tuvieron la capacidad de prever lo que ocurriría con el envío de 10 mil hombres armados a Chihuahua, quienes llegaron sin sus parejas sentimentales, y que no tenían una forma de ejercitar su sexualidad, lo que ha disparado las agresiones contra las mujeres de aquí.
El feminicidio ha mutado: hace años se perpetraban secuestrando, violando, torturando y matando a las mujeres; pero ahora ellas son un objeto de venganza del crimen organizado, de los cuerpos policíacos y de paramilitares.
El gobierno solía justificar los crímenes diciendo que las mujeres lo provocaban por usar faldas cortas, ahora porque las mataron con armas largas, dirán entonces que antes las mataban por putas, ahora las matan por narcas.
¿Pueden ahora las mujeres alzar la voz para exigir sus derechos de una forma organizada o estructurada?
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas emitió el año pasado un informe que se llama Entre el compromiso y el miedo. En él se señala que el estado de Chihuahua es el más peligroso para las defensoras de los derechos humanos en todo el país, 70% de los asesinatos de las activistas en México ocurren en Chihuahua. Y eso que el informe se presentó antes de los asesinatos de Marisela Escobedo y de Susana Chávez.
Estamos en el estado de Chihuahua en medio de una pandemia de violaciones a los derechos humanos en todos los ámbitos.
¿Qué representa el asesinato de Marisela Escobedo?
Su homicidio marcará a este gobierno. Fue un crimen anunciado, ella enarbolaba la bandera de la justicia para su hija y para otras mujeres, asumió un papel activo y fue eso lo que le costó la vida.
Eso desnuda a un gobierno que fue incapaz totalmente de garantizar los derechos fundamentales de una ciudadana. Estamos en un estado fallido, y ahí está el discurso repetitivo que se convierte en palabras huecas “estamos investigando, estamos investigando”, apostándole al olvido y apostándole a que maten a otra mujer para que la atención cambie hacia otro caso.
¿Hay un compromiso real de las autoridades para resolver los homicidios de mujeres, y de las activistas?
En casos como el de Susana Chávez (activista asesinada en enero) existe toda una construcción, todo un argumento del gobierno para poner en duda la forma de vida de una víctima. Se planteó toda una historia artificial para desacreditarla.
Otro ejemplo fue el que el gobernador dijera que Marisela Escobedo pretendía ser una carnada para atraer al asesino de su hija y que lo atraparan. Siempre lo han hecho, y en los delitos de género ese es uno de los problemas que se vive: la falta de credibilidad.