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El quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona debe leerse más allá de las cifras, los aplausos y la escenografía política. En San Luis Potosí, un informe de esta naturaleza no sólo resume cinco años de administración: también anticipa el tono con el que habrá de cerrarse el sexenio y ofrece señales sobre la sucesión de 2027.
El gobernador presentó su balance como la consolidación del llamado “Gobierno del Cambio”, con énfasis en la obra pública, la descentralización del gasto y la coordinación con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. La inversión superior a 30 mil millones de pesos en infraestructura vial y conectividad, la modernización o construcción de más de 530 planteles educativos y la expansión de la RedMetro hacia otras regiones del estado forman parte de una narrativa que busca demostrar que los beneficios de la administración no se limitaron a la capital.
Esa lectura tiene un elemento relevante: durante años, una de las principales exigencias de San Luis Potosí fue que el desarrollo no se concentrara en la zona metropolitana. El informe intenta acreditar que el Altiplano, la Zona Media y la Huasteca también han recibido atención presupuestal. Sin embargo, el verdadero juicio sobre esas obras no dependerá únicamente del monto anunciado, sino de su calidad, utilidad, mantenimiento y efecto concreto en la vida cotidiana de las comunidades.
El mensaje político fue igualmente evidente. El quinto informe funcionó como una defensa de la continuidad del proyecto gobernante frente a sus adversarios, en un contexto donde la elección de 2027 comienza a ocupar un espacio cada vez mayor en la conversación pública. Presentar los resultados como prueba de que el estado debe mantener el mismo rumbo es legítimo dentro de la competencia política, pero no puede sustituir la evaluación objetiva de los pendientes.
La alianza con la Federación fue otro de los ejes centrales. El gobierno potosino atribuye parte de sus avances sociales a la coordinación con el proyecto nacional, incluida la reducción de la pobreza extrema que, según cifras oficiales, habría beneficiado a 340 mil personas. Es un resultado que merece ser revisado con seriedad: no para desestimarlo por razones partidistas, sino para conocer cuánto corresponde a políticas estatales, cuánto a programas federales y cuál ha sido su impacto permanente en las familias.
En seguridad pública aparece uno de los contrastes más importantes. El gobierno destaca la reducción de homicidios dolosos y la mejora en las percepciones de los policías estatales. Son datos que deben reconocerse si están respaldados por estadísticas verificables. Pero la seguridad no se mide sólo en informes institucionales: también se refleja en la percepción ciudadana, en la capacidad de las autoridades para prevenir delitos, en la atención a las víctimas y en la confianza que exista hacia las corporaciones.
A ello se suma la relación tensa con sectores de la prensa crítica. La defensa del derecho a la privacidad de los funcionarios es válida, pero no debe convertirse en una barrera frente al escrutinio público. Quien ejerce un cargo de responsabilidad está obligado a explicar sus decisiones, sus resultados y el uso de los recursos públicos. La crítica periodística puede ser incómoda, pero forma parte del control democrático.
Las proyecciones para el cierre de la administración también requieren prudencia. Un presupuesto estatal de 70 mil millones de pesos para 2027 y la expectativa de atraer inversiones industriales por 40 mil millones, con más de 10 mil empleos, representan metas ambiciosas. Su importancia no estará en el anuncio, sino en que los proyectos se concreten, los empleos sean formales y las inversiones tengan beneficios que alcancen a más sectores de la población.
Después del informe viene la glosa, y ahí comienza la parte más importante para el Congreso del Estado. Corresponde ahora a los legisladores revisar cifras, pedir documentos, confrontar resultados y llamar a los funcionarios responsables para que expliquen avances, retrasos y pendientes. La glosa no debe ser una ceremonia de protocolo ni un escenario para el protagonismo de quienes buscan reflectores o ventajas partidistas.
HASTA LA PRÓXIMA.
