El presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, fue vinculado a proceso junto con otras ocho personas tras un operativo federal relacionado con una organización presuntamente dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal calificó como legal la detención de Rodríguez Ochoa y determinó procesarlo por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. El alcalde y el resto de los imputados permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.
El edil fue detenido el pasado 7 de septiembre durante un operativo en el que participaron autoridades federales y estatales y se realizaron diversos cateos en el municipio de Esperanza.
Investigan posible relación con banda que operaba en carreteras
La FGR informó que las investigaciones relacionan a los procesados con una organización señalada por cometer robos a transportistas, extorsiones y secuestros en la carretera Puebla-Veracruz. Sin embargo, en el caso concreto de Rodríguez Ochoa, los delitos por los que hasta ahora fue vinculado a proceso son los relacionados con armas y contra la salud.
Entre los otros procesados se encuentran Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde, y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal.
En el caso de Contreras Camacho, la Fiscalía sostiene que presuntamente ofreció dinero a agentes para impedir uno de los cateos, por lo que fue vinculada también por cohecho. A Manuel Rodríguez Ochoa le fueron asegurados, según la FGR, un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo.
Leche entregada como apoyo social, bajo investigación
El caso tomó un nuevo giro después de que surgieran señalamientos de que leche y otros productos que el gobierno municipal entregaba como apoyos sociales podrían proceder de robos a transporte de carga.
Durante la administración de Rodríguez Ochoa fueron difundidas públicamente fotografías de entregas de productos lácteos en comunidades como San José Cuyachapa, El Acocote y la cabecera municipal. Una de las líneas de investigación apunta a determinar si parte de esos productos había sido obtenida previamente por una estructura dedicada al robo de mercancías.
Por ahora, el supuesto origen ilícito de la leche y demás productos no está acreditado judicialmente. Las publicaciones del Ayuntamiento confirman que existieron las entregas, pero corresponderá a las autoridades determinar la procedencia de la mercancía y, en su caso, qué conocimiento o participación habría tenido el alcalde.
Permanecerá en prisión
El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria en el caso de Rodríguez Ochoa y otros imputados, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas.
Mientras tanto, el presidente municipal permanecerá en prisión preventiva oficiosa. La vinculación a proceso significa que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra, pero no constituye una sentencia de culpabilidad.
Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de la presunta organización criminal y esclarecer, entre otros aspectos, si mercancía robada en las carreteras terminó siendo distribuida entre habitantes de Esperanza bajo la apariencia de programas de asistencia social.
