La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio por el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con información publicada por medios nacionales.
La orden habría sido librada por un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la ejecución del mandato judicial.
Olán Aparicio ha sido identificado en distintas investigaciones periodísticas como una persona cercana a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y como empresario vinculado con contratos públicos en sectores como salud, construcción y suministro de materiales. Sin embargo, las fuentes citadas por los medios no han confirmado que los hijos del exmandatario formen parte de la carpeta de investigación que dio origen a la orden de captura.
El caso se relacionaría con investigaciones sobre Portacelis Gas and Oil, empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a la FGR investigar por un presunto perjuicio fiscal de 834 millones de pesos derivado de operaciones de importación de combustible desde Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida por N+, el SAT detectó posibles irregularidades en los volúmenes de diésel declarados por Portacelis en operaciones realizadas a través de aduanas mexicanas. La autoridad fiscal señaló que la empresa habría reportado cantidades inferiores a las que realmente ingresaron al país, lo que derivó en la solicitud de una investigación penal.
Portacelis Gas and Oil fue constituida en Villahermosa, Tabasco, en agosto de 2024. En su acta constitutiva aparece como administrador único Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien ha sido identificado en investigaciones periodísticas como colaborador cercano de Olán Aparicio.
La empresa obtuvo en septiembre de 2024 autorización para importar más de 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. Posteriormente, el SAT restringió sus operaciones tras detectar irregularidades relacionadas con controles volumétricos y declaraciones fiscales.
La orden de aprehensión representa un nuevo episodio dentro de las investigaciones federales relacionadas con presuntas operaciones de contrabando de combustible y defraudación fiscal. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente el contenido completo del expediente ni han informado si existen otras personas con órdenes de captura relacionadas con el caso.
