La obligación de registrar las líneas celulares puede profundizar la brecha digital en México y dejar desconectados a adultos mayores, indígenas y personas de bajos ingresos
La obligación de registrar las líneas celulares puede profundizar la brecha digital en México y dejar desconectados a adultos mayores, indígenas y personas de bajos ingresos si autoridades y operadores no refuerzan la asistencia para completar el trámite.
El riesgo comienza a reflejarse entre los usuarios de prepago. Una encuesta de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) revela que 72 por ciento sabe que debe registrar su línea, equivalente a 59.5 millones de personas; sin embargo, entre quienes conocen la disposición, sólo 61 por ciento ya realizó el trámite, unos 36.3 millones.
La desconfianza es la principal barrera: 65 por ciento de quienes todavía no vinculan su número la señala como motivo, aunque también aparecen falta de interés, desconocimiento sobre cómo realizar el procedimiento y falta de tiempo.
Ernesto Piedras y Fernando Esquivel, especialistas de The CIU, advirtieron que los obstáculos se reproducen con mayor fuerza entre usuarios de menor nivel socioeconómico y con menores habilidades digitales.
La brecha es de 33 puntos porcentuales: mientras 96 por ciento de los usuarios del nivel AB conoce la obligación, sólo 63 por ciento de los niveles D/E está enterado. Incluso entre quienes conocen el proceso persiste la diferencia: 69 por ciento de AB ya completó el registro, frente a 58 por ciento de D/E.
Para los investigadores, no contar con un smartphone adecuado, conexión a internet o identificación oficial vigente puede convertirse en una barrera adicional para completar el registro.
Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, advirtió que, aunque los lineamientos contemplan asistencia para grupos vulnerables, ésta debió acompañarse de presupuesto y personal capacitado.
"Dicha obligación debe traducirse en acciones que sean verificables, que haya presupuesto y personal capacitado para que las personas más vulnerables no queden desconectadas", señaló.
Las diferencias también aparecen entre compañías. AT&T registra el mayor avance entre sus usuarios, con 67.4 por ciento; Telcel, 64.4 por ciento; Movistar, 57 por ciento, y los operadores móviles virtuales, 51.1 por ciento.
Para Piedras, la red tradicional de centros de atención podría resultar insuficiente ante la magnitud del proceso.
"Quisiera ver una verdadera colaboración entre la CRT y los operadores para evitar que se profundice la brecha digital", sostuvo.
Sosa planteó instalar módulos temporales en regiones de difícil acceso, realizar jornadas comunitarias y mantener campañas permanentes, claras y multilingües.
Los especialistas advierten que desconectar una línea tiene implicaciones que van más allá de perder llamadas o internet, pues el celular es una vía para acceder a servicios financieros, trámites gubernamentales, educación, salud y oportunidades laborales.
Sin mecanismos adicionales de asistencia, una política destinada a identificar a los usuarios podría terminar creando una nueva forma de exclusión: mexicanos que cuentan con teléfono y cobertura, pero quedan fuera del servicio porque no pudieron completar un trámite administrativo.
El desafío por tanto, no sólo está en elevar el número de líneas registradas, sino en garantizar que el procedimiento sea accesible para quienes enfrentan mayores dificultades económicas, tecnológicas o de movilidad.
La falta de acompañamiento podría hacer que una medida de identificación termine afectando precisamente a los usuarios con menor capacidad para cumplirla.
