Una jueza federal estadounidense declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50 % del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), que sirve para responder a desastres, según documentos judiciales disponibles este domingo.
La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar de FEMA a 11.500 empleados, de un total de 23.000, a finales del año fiscal 2026.
El plan no se concretó por completo, por lo que la magistrada ordenó a los demandantes y al Gobierno que se reúnan para decidir cómo solucionar sus desacuerdos sobre FEMA, que distribuye recursos para que las comunidades se recuperen tras catástrofes como huracanes, incendios e inundaciones.
Illston consideró que el DHS, cuya secretaria cuando se anunció el plan era Kristi Noem (cesada en marzo por Trump), "actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal".
"FEMA y el DHS también actuaron de manera arbitraria y caprichosa", estableció el fallo, emitido en la noche del viernes y conocido ahora. "Francamente, la cifra del plan de personal de la FEMA parece sacada del aire", añadió.
Pese a que los recortes más agudos no ocurrieron, FEMA separó del cargo a 4.300 empleados en el año fiscal 2025, el primer año del mandato de Trump, lo que implica un incremento anual del 55 % en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
Además, el Consejo de Supervisión de FEMA, nombrado por Trump, propone recortar a un máximo del 50 % del costo de los desastres los reembolsos federales que reciben los gobiernos locales después de desastres.
Estos recortes se suman a reducciones de 200 millones de dólares en programas de predicciones meteorológicas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 150 millones de dólares en fondos para mejorar sistemas de observación del clima, denunció el Center for American Progress (CAP) en junio.
