San Luis Potosí, SLP.- La crisis de salud mental entre universitarios no apareció de un día para otro. Desde 2025, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tenía frente a sí cifras que encendían las alarmas sobre depresión, ansiedad y riesgo de autolesión entre su comunidad estudiantil; un año después, la pregunta inevitable es qué se hizo con aquella advertencia.
El Diagnóstico de Salud Mental Estudiantil UASLP 2025 reveló que 18.7 por ciento de los participantes presentó indicadores de depresión grave y 14.8 por ciento riesgo de autolesión. Además, 56.8 por ciento mostró algún nivel de ansiedad y 29.3 por ciento indicadores asociados con estrés postraumático.
Aunque el propio estudio establece que los resultados son orientativos y no equivalen a diagnósticos clínicos, las cifras representaban desde entonces una señal suficientemente seria para fortalecer mecanismos permanentes de detección, acompañamiento y atención.
El problema es que conocer el riesgo no significa prevenirlo.
En medio de los recientes acontecimientos que han golpeado a la comunidad universitaria, vuelve a quedar bajo cuestionamiento qué tan claros, accesibles y conocidos son los protocolos para detectar a estudiantes atravesando una crisis emocional y qué ocurre cuando un compañero, docente o trabajador identifica señales de riesgo.
La discusión adquiere mayor peso este 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. No basta con hablar de salud mental cuando ocurre una tragedia ni reducir la prevención a campañas temporales. Si desde 2025 existían indicadores preocupantes, la respuesta institucional tendría que ser proporcional al tamaño de la alerta.
También existe una responsabilidad social. Familias, docentes, compañeros e instituciones deben dejar de interpretar el aislamiento, la ansiedad o los cambios emocionales únicamente como problemas pasajeros.
Las cifras ya habían hablado. La verdadera interrogante ahora es si alguien las escuchó a tiempo.
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