San Luis Potosí cambia de rostro en pocos kilómetros: del Altiplano árido a los bosques de la Sierra Madre y las selvas de la Huasteca. En esa diversidad se sostienen 20 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que hoy reconoce la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM): 14 estatales y 6 federales. No son espacios cerrados, sino territorios con reglas para conservar ecosistemas y servicios ambientales.
Un estado dividido en zonas de conservación
En lo estatal destacan Wirikuta y la Ruta Wixárika, Paseo de la Presa, Joya Honda, Media Luna, Sótano de las Golondrinas, Hoya de las Huahuas, Cuevas del Viento y la Fertilidad, Tancojol, Bosque Adolfo Roque Bautista, Sierra del Este y de En Medio, Palma Larga, Real de Guadalcázar, Sierra de San Miguelito y La Loma.
En lo federal están Sierra de Álvarez, Parque Nacional Gogorrón, Parque Nacional El Potosí, Sierra del Abra Tanchipa y Sierra La Mojonera, además de Sierra Gorda y Sierra Gorda de Guanajuato, cuyo polígono cruza varios estados.
El caso emblemático es Sierra de San Miguelito con 111 mil 160 hectáreas en Mexquitic, Capital, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó en mayo de 2026 que su decreto de 2021 sigue vigente sin modificación.
¿Cuánto territorio está protegido?
El Plan Estatal de Desarrollo cita que los estándares internacionales sugieren al menos 18% del territorio para conservación. El cálculo no es una suma simple, porque reservas como Sierra Gorda, con 383 mil 567 hectáreas (ha) y Sierra Gorda de Guanajuato, con 236 mil 882 ha, abarcan cuatro estados. Hay que distinguir la superficie total del polígono de lo que realmente está dentro de San Luis Potosí.
¿Cuánto cuesta protegerlas?
Ahí está el contraste. Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), vía transparencia, la Federación destinó menos de 250 mil pesos para cinco ANP potosinas, es decir, 21 centavos por hectárea en promedio:
Abra Tanchipa (21,464 ha): 83,441 pesos, 3.91 pesos/ha; Álvarez (16,900 ha): 41,920 pesos, 2.48 pesos/ha; Gogorrón (25,000 ha): 46,120 pesos, 1.84 pesos/ha; El Potosí (2,000 ha): 31,440 pesos, 15.72 pesos/ha; y San Miguelito (111,160 ha): 46,120 pesos, 0.41 pesos/ha, la más grande y la que menos recibe por hectárea.
A nivel nacional, el Presupuesto 2025 fue de 1001 millones para CONANP (1.19 pesos/ha para vigilancia). El proyecto 2026 venía en 1002 millones (10.22 pesos/ha), el más bajo en 21 años. Tras la presión de la Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), los diputados reasignaron 500 millones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el presupuesto aprobado 2026 quedó en 1503 millones, 45% más que en 2025, con un promedio de 15.33 pesos por hectárea, aún lejos de los 93.8 pesos de 2013.
En lo estatal no hay monto por hectárea. Todo sale de SEGAM. Para 2026 el estado aprobó un gasto total de 70 mil 461 millones de pesos, pero de los 50 millones que pidió SEGAM para proyectos ambientales solo autorizaron 20 millones. Con eso debe operar 14 ANP que van de Wirikuta (140,211 ha) a Real de Guadalcázar (256,826 ha), más inspecciones y monitoreo. En el Congreso ya se advierte que ecología recibe menos de 60 millones al año. El promedio teórico: 1.4 millones por ANP al año.
De la Sierra de San Miguelito a la Huasteca
Más allá de hectáreas, San Miguelito resguarda más de mil especies, incluido el águila real. En la Huasteca, Abra Tanchipa protege la Sierra Madre Oriental, y sitios como Sótano de las Golondrinas y Hoya de las Huahuas conservan paisajes de gran valor ecológico.
También hay nuevas áreas en camino
En agosto de 2026, SEGAM informó de cinco nuevas zonas en proceso en Xilitla, Tancanhuitz, Tamazunchale y Aquismón. Además, La Loma (1,855 ha, Rioverde) publicó su Plan de Manejo en marzo de 2026 y se decretó el Parque Urbano Villa Hidalgo con 286 hectáreas en cuatro cerros.
¿Qué cambió en la normativa?
El 17 de diciembre de 2025 entró en vigor la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiental que permite a Semarnat solicitar apoyo de la Guardia Nacional para inspección y vigilancia en ANP federales, cuando la gravedad del caso lo amerite. La última reforma a la ley es del 19 de enero de 2026.
Proteger no solo significa poner un letrero
El decreto no basta. SEGAM ha insistido en que se necesita vigilancia, planes de manejo y señalética para que la protección sea efectiva. En un estado donde conviven desierto, bosque, manantial y selva, el reto es que los 21 centavos federales y los 20 millones estatales se traduzcan en conservación real en territorio.
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