Libertad de opinión
Luego del penoso caso en el que se descubrió que José Gerardo Perdomo Carrillo, contralor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), recibió un viaje a Miami por parte de la directiva del Atlético de San Luis para presenciar el encuentro del equipo potosino contra el Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, contralor general del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, debería estar haciendo su trabajo con responsabilidad y realizando una investigación seria y a fondo.
La ley es clara. Los servidores públicos deben abstenerse de exigir, aceptar u obtener regalos, obsequios, dádivas o cualquier otro beneficio relacionado con sus funciones. La prohibición no depende únicamente del valor económico del regalo, sino también de las circunstancias en que se entrega y de su posible relación con el cargo público.
Estas restricciones alcanzan también al cónyuge, familiares y otras personas vinculadas profesional, laboral o comercialmente con el funcionario. El objetivo es precisamente evitar que un servidor público pueda recibir beneficios de manera directa o a través de terceros aprovechando la posición que ocupa.
Recordemos que Perdomo Carrillo es esposo de Ariana García, titular de la Secretaría de Finanzas, dependencia que precisamente entrega apoyos financieros al Atlético de San Luis, ya que el Gobierno del Estado es patrocinador oficial del club. Esa relación, por sí sola, obliga a que el caso sea investigado con absoluta seriedad y transparencia.
El servidor público ya debería estar separado de su cargo desde hace días mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Insisto: se requiere una indagatoria seria, profunda y sin simulaciones. ¿O será que por ser esposo de la mera mera de Finanzas cuenta con algún tipo de impunidad?
El problema no termina ahí. Si un particular promete, ofrece o entrega una dádiva a un servidor público en determinadas circunstancias, como podría ocurrir en un caso de esta naturaleza, también pueden existir responsabilidades que deben ser investigadas. De igual manera, el servidor público puede incurrir en responsabilidad si acepta o pretende aceptar algún tipo de obsequio indebido. Por eso resulta indispensable que la autoridad determine exactamente cómo se entregó el viaje, bajo qué condiciones y cuál era la relación entre quienes resultaron beneficiados y el club.
Pero en la Contraloría General y en la propia Secretaría de Educación permanecen callados, como si apostaran a que el tema se enfríe y todo termine convertido en una anécdota más, sin responsables ni consecuencias. El silencio sepulcral de Ariana García también resulta llamativo y, hasta cierto punto, entendible: cualquier explicación podría terminar involucrándola políticamente en un asunto que afecta directamente a su esposo.
Por su parte, la directiva del Atlético de San Luis deberá ser mucho más responsable y precavida antes de volver a entregar este tipo de beneficios a servidores públicos. También tendría que poner especial atención en sus concursos y dinámicas, porque “extrañamente” el otro viaje fue ganado por el “suertudo” Eduardo de Alba, coordinador de Auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y amigo cercano del ya mencionado José Gerardo Perdomo Carrillo.
Aquí no se trata solamente de un viaje a Miami ni de un partido de futbol. Se trata de servidores públicos que, por la naturaleza de sus cargos, están obligados a mantener una conducta alejada de cualquier beneficio que pueda generar dudas, conflictos de interés o sospechas sobre su imparcialidad.
Por ningún motivo se debe permitir que este casi quede impune y debe ser una gran lección para todos los involucrados.
