El maltrato animal ha dejado de ser invisible en San Luis Potosí. La indignación social y una mayor conciencia ciudadana han elevado las denuncias formales, pero el castigo efectivo sigue siendo la gran deuda del sistema de justicia.
Denuncias al alza
La Fiscalía General del Estado registra un incremento sostenido en carpetas de investigación; según datos de la Fiscalía, en 2024 se abrieron 82 expedientes, concentrados principalmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, con perros, gatos y caballos como las especies más afectadas.
En 2025 hubo al menos diez carpetas confirmadas hasta noviembre, aunque colectivos civiles advierten subregistro porque muchos reportes no se integran de inmediato al sistema. La tendencia repuntó en 2026: solo en el primer semestre se abrieron 77 carpetas por denuncias formales, cifra que refleja mayor cultura de denuncia y menor tolerancia a la crueldad animal, según la propia Fiscalía.
El origen: 400 mil animales en las calles
La raíz está en el abandono y la falta de esterilización. De acuerdo con la regidora Maritza Jenith Vázquez, presidenta de la Comisión de Bienestar y Protección Animal del Ayuntamiento capitalino, se estima que alrededor de 400 mil perros y gatos viven en situación de calle en SLP, una cifra que sigue en aumento.
El fenómeno ya rebasó el bienestar animal y es un problema de salud pública, ambiental y de convivencia, por el riesgo de enfermedades zoonóticas, desechos y cadáveres en vía pública y los costos para el municipio. Para enfrentarlo, el Ayuntamiento trabaja bajo un modelo de tres pilares: educación, esterilización y legislación, con campañas gratuitas de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación, pláticas en escuelas y el Registro Municipal de Animales de Compañía. El Centro Integral para el Bienestar Animal, CIBA, resguarda a cerca de 80 perros y gatos en espera de adopción responsable y promueve jornadas con asociaciones.
Principales hechos denunciados
La causa más frecuente son los golpes y agresiones físicas intencionales, seguida por la muerte deliberada de animales. También se han documentado casos de envenenamiento masivo en Salinas de Hidalgo, Rioverde, Mexquitic y la capital. El abandono es otro motivo recurrente, como el caso de treinta perros dejados en un solo lugar. A ello se suman investigaciones por peleas clandestinas, uso de animales como carnada para entrenar perros de pelea y actos de crueldad extrema que incluyen disparos con arma de fuego en campos deportivos y espacios públicos.
Casos que indignaron
Entre los casos más relevantes está el envenenamiento de 45 perros en Salinas de Hidalgo en 2025, que conmocionó a la población. Otro fue el de un borrego degollado, cuyo responsable fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada, una medida poco común en este delito.
También generó indignación la muerte del perro “Hachi” en Ciudad Valles durante su aseguramiento por autoridades municipales, lo que cuestionó los protocolos oficiales. En 2026 se abrió carpeta de oficio por un video viral del baleo de dos perros en un campo deportivo y por el hallazgo de criaderos clandestinos con animales desnutridos y varios muertos.
El cuello de botella: del proceso al pago económico
El punto más crítico es que pocos casos terminan en condena efectiva. Aunque hay vinculaciones a proceso y detenciones provisionales, la mayoría se resuelve con acuerdos reparatorios, es decir, con un pago económico por el daño, en lugar de cumplir la prisión prevista en la ley.
Colectivos denuncian que en más de una década ninguna persona condenada por maltrato animal ha cumplido cárcel efectiva en un penal del estado, ya que recupera su libertad tras cubrir la reparación. La Fiscalía reconoce que solo siete casos han sido judicializados formalmente en los últimos años, lo que evidencia una enorme brecha entre denuncias y sanciones reales y alimenta la percepción de impunidad.
¿Qué señala la ley?
El Código Penal del Estado contempla el maltrato animal en los artículos 317, 317 Bis y 317 Quáter, con penas graduales según la gravedad. Por lesiones leves, la sanción es de tres a seis meses de prisión y multa de 10 a 50 UMA. Por daño permanente, de seis meses a un año y multa de 100 a 200 UMA. Por muerte o crueldad extrema, de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 600 UMA. Por abandono, de seis meses a un año. Por organizar o participar en peleas de perros, hasta cinco años y multa de hasta 2,000 UMA. Si el agresor es profesional del cuidado animal, puede ser inhabilitado hasta por un año.
Hay marco legal pero no justicia
En la entidad se denuncia más que nunca y existe un marco legal robusto, pero mientras la sanción siga siendo únicamente un pago económico y no una pena proporcional al daño causado, el maltrato no se desincentivará. El reto para autoridades y sociedad es que la ley se aplique con toda su fuerza.
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