De 2025 a lo que va de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales, de las que dos fueron desechadas y sólo una está en trámite, presentada en julio pasado por el PRI para impugnar la reforma sobre integridad de candidaturas.
Otras 236 acciones promovidas hasta mediados de agosto han sido, exclusivamente, para pedir la nulidad de leyes estatales, la gran mayoría en temas menores, repetitivos y que no generan precedente de relevancia nacional.
Por tanto, la intensa agenda legislativa desplegada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado exenta de revisión por medio de este tipo de acciones, que permiten a la Corte invalidar, con efectos generales, las leyes consideradas inconstitucionales por una mayoría calificada de seis Ministros.
Por la forma en que los actuales integrantes llegaron a la Corte, impulsados por Morena mediante acordeones en la elección de 2025, sumada a la abierta militancia o cercanía de varios de ellos con el régimen, sería iluso pensar que las reformas importantes para el Gobierno estarían en riesgo en caso de ser impugnadas.
Pero el hecho es que ni siquiera eso está sucediendo, a diferencia del sexenio pasado, cuando casi todas las reformas relevantes de Andrés Manuel López Obrador a leyes secundarias fueron impugnadas mediante acciones y buena parte de ellas anuladas por la anterior Corte, ya sea porque eran abiertamente contrarias a la Constitución, o porque fueron resultado de procesos legislativos en súper fast track y sin debate parlamentario.
La virtual desaparición de la acción contra leyes federales tiene dos orígenes. El primero es la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso.
Para promover una acción, se requiere la firma de al menos el 33 por ciento de los diputados o senadores, pero la Oposición no llega a ese número en ninguna Cámara. En el Senado sólo tiene el 32 por ciento, mientras que, en San Lázaro, apenas llega al 27 por ciento.
Un resultado electoral menos desastroso para la Oposición en 2027 podría llevar a que se reactiven las acciones ante la Corte. El problema, entonces, será encontrar seis votos dispuestos a decirle que no al Gobierno.
La otra razón es la renuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a ejercer su función de vigilar las leyes federales, y cuestionar ante la Corte las que le parezcan incorrectas.
En el sexenio pasado, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se atrevió a presentar un par de acciones contra reformas federales, incluida una en 2021 contra la ampliación del catálogo de delitos graves en ley secundaria, que hasta la fecha no ha sido resuelta.
Pero desde 2025, la CNDH se ha dedicado a inundar la Corte con acciones contra leyes locales.
En contraste, no tuvo objeción alguna a reformas como la que creó el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que obliga a conectar bases de datos públicas y privadas; la que prohíbe a los Jueces suspender bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), o la que facultó a la Guardia Nacional (GN) militarizada a obtener geolocalización y datos conservados de teléfonos celulares sin orden judicial.
Los partidos políticos también pueden promover acciones, pero sólo contra leyes en materia electoral, y salvo la demanda reciente del PRI, se han concentrado en cuestionar reformas estatales.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la FGR son las otras legitimadas para promover acciones, pero no han cuestionado, ni cuestionarán, las reformas federales.
No todas las acciones contra leyes estatales son irrelevantes. Fue una acción de la CNDH contra una reforma en Coahuila la que, en 2021, permitió a la Corte declarar inconstitucional la penalización del aborto. Pero casos como ese son perlas entre una multitud de demandas intrascendentes.
De invalidar leyes a...
Hace tres décadas, la acción de inconstitucionalidad fue reglamentada por la reforma judicial del Presidente Ernesto Zedillo para darle a la Suprema Corte la facultad de invalidar leyes con efectos generales, en esa época, con voto de ocho Ministros.
Este cambio incrementó exponencialmente la estatura de la Corte ante los otros Poderes, al someterlos a un control reforzado que no existía.
Antes de 1995, el máximo tribunal se limitaba a resolver amparos, con los efectos acotados de estas sentencias sólo en beneficio de los quejosos, así como a dictar jurisprudencias que obligaban al resto del Poder Judicial, pero no anulaban leyes inconstitucionales que se seguían aplicando.
La importancia de este tipo de acciones llegó a su culminación en la segunda mitad del sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador, cuando la Corte, repetidamente, anuló varias reformas legales, provocando la ira del régimen y, en buena medida, la reforma de 2024 que transformó al Poder Judicial.
A este escenario se debe sumar que la otra figura reglamentada por Zedillo, la controversia constitucional, también está en proceso de devaluación, resultado de la concentración de poder en el Ejecutivo federal, el dominio de Morena sobre la mayoría de las gubernaturas, y la extinción de casi todos los órganos autónomos.
La controversia no es un medio de control de leyes abstracto, como la acción. En ella, los actores políticos impugnan actos o normas de otros Poderes u órganos, por considerar que invaden su ámbito de atribuciones.
Hasta 2024, órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional Electoral (INE) acudieron con frecuencia a la Corte mediante controversias, para impugnar actos u omisiones del Ejecutivo Federal, así como leyes del Congreso y reducciones presupuestales.
Incluso el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), usaron las controversias en el sexenio de López Obrador para defender los salarios de sus funcionarios de mando.
Esas controversias ya se acabaron. El INAI, Cofece y el IFT ya no existen, pues todas sus funciones fueron asumidas por el Ejecutivo, mientras que el INE es cada vez más cercano al Gobierno.
En el pasado, el Congreso también llegó a promover controversias contra el Ejecutivo, como en 2004, cuando la Corte anuló una reforma de Vicente Fox al Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, por exceder sus facultades al permitir inversiones privadas no previstas en la ley de la materia.
De hecho, en el sexenio de Fox hubo al menos 10 controversias entre el Congreso y el Ejecutivo, dado que el PAN no tenía mayoría legislativa y no había acuerdos con el PRI.
Ese escenario también ha dejado de existir. Un ejemplo. El 24 de junio de 2025, la Presidenta Sheinbaum decretó de manera unilateral la reducción en la edad de jubilación para los burócratas afiliados al ISSSTE.
Con ese decreto, la Presidenta reformó un artículo transitorio de la Ley del ISSSTE, emitida por el Congreso en 2007, pero ninguno de los entonces presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, ambos morenistas, consideraron la posibilidad de cuestionar la medida ante la Corte.
Ahora, las controversias son poco más que disputas burocráticas menores. Predominan las que, por decenas, promueve el Ejecutivo federal contra los estados, por leyes de ingresos en las que pretenden cobrar impuestos o derechos en materias reservadas a la Federación.
Por ejemplo, de las 398 controversias que han ingresado en 2026, 75 las presentó el Gobierno federal para cuestionar leyes de ingresos de municipios de Michoacán.
Otro paquete enorme de demandas lo integran las que presenta casi todas las semanas el Poder Judicial de Morelos, para cuestionar la obligación de pagar pensiones de sus funcionarios.
Desde hace años, cientos de controversias por este tema llegan a la Corte, sin que nadie proponga una solución para que los casos sean desahogados por tribunales colegiados en Cuernavaca.
La Corte ha resuelto 331 controversias promovidas en 2025 y lo que va de 2026. De ellas, 151 fueron del Ejecutivo federal contra leyes locales, la mayoría por cobros, y otras 51 fueron del Poder Judicial de Morelos.
El resto son, sobre todo, por disputas entre municipios de Oaxaca y autoridades estatales; algunas de las Alcaldías de Oposición contra el Gobierno de la Ciudad de México, así como los reiterados enfrentamientos entre el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y los otros Poderes de la entidad.
A la caza de amparos
La causa de este declive en el perfil de asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia no son los actuales Ministros y Ministras. La anterior integración podría haber seguido intacta, y la situación no sería muy distinta.
Lo que cambió fue el contexto político. Morena asumió un control no visto en México desde el sexenio de Carlos Salinas, y lo ha aprovechado para convertir la Constitución en un catálogo de su ideología, aspiraciones y hasta caprichos, como la prohibición de vapeadores o las reglas sobre cómo se debe sembrar el maíz.
Estas reformas han acotado los márgenes de maniobra del Poder Judicial. El amparo ha quedado estrictamente limitado a los efectos relativos entre las partes del litigio, regla que la Constitución no expresaba con total contundencia antes de 2024, lo que la anterior Corte aprovechó en casos como la eliminación de la reforma eléctrica que impulsó López Obrador en 2021, o la orden (tres años después, no cumplida) para derogar el delito de aborto del Código Penal Federal.
Pese a estas limitaciones, la actual Corte tiene claro que el amparo es la principal vía que le queda para dictar resoluciones de alguna trascendencia, limitadas a las partes, pero con fuerza para, al menos, obligar al resto de los tribunales y generar discusiones públicas.
Esta podría ser la razón por la que Ministros y Ministras estén ejerciendo su facultad de atracción con treces veces más frecuencia que sus antecesores.
En teoría extraordinaria, esta facultad les permite suplantar a los tribunales colegiados de circuito, al asumir la resolución completa de un asunto, incluidos todos los temas de legalidad, en vez de limitarse a las cuestiones de estricta interpretación Constitucional.
La Corte está atrayendo a mano alzada, sin proyectos ni sentencias para justificar la decisión. Entre 2025 y lo que va de 2026, ya han sido atraídos al menos 179 amparos directos y recursos de queja, un promedio de nueve por mes; en cuatro años entre 2021 y 2024, la anterior integración atrajo 151, es decir, unos tres mensuales.
Las atracciones ayudarían a la Corte a elevar su perfil, al meterse en casos que pueden generar impacto mediático, aunque tengan poca o ninguna relevancia Constitucional, y también son útiles para avanzar las causas personales de los Ministros, en temas como derechos de indígenas, minorías, cuestiones de género, medio ambiente y similares, que difícilmente serán antagónicos a los planes del Gobierno.
El Ministro presidente, Hugo Aguilar, Lenia Batres e Irving Espinosa son quienes más atracciones proponen, mientras que Yasmín Esquivel y María Estela Ríos son las más renuentes a ejercerlas.
Pero estos asuntos también tienen sus desventajas. En los expedientes atraídos, los secretarios de los Ministros tienen que realizar funciones de valoración de pruebas, testimonios y otras cuestiones de hecho, para las cuales tienen mucho más experiencia los secretarios de juzgados y tribunales.
Las discusiones públicas -de por sí ya afectadas por aparentes rencillas personales y los dislates semanales de algunos integrantes- pueden ser más difíciles en casos atraídos, precisamente porque hay que meterse en detalles que, usualmente, no deberían ser juzgados por un tribunal Constitucional.
La Corte de la era del PRI también era, básicamente, un tribunal de amparos. Durante treinta años, la reforma de Zedillo le dio un protagonismo creciente que terminó siendo imposible de tolerar para la 4T. Lo que queda es una Corte más bien testimonial, que, como la de los viejos tiempos, rara vez incomodará al régimen.
