Mientras cada mes recibe recursos públicos, el Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí mantiene en la oscuridad una parte importante de sus gastos. Desde mayo dejó de actualizar información fundamental en la Plataforma Estatal de Transparencia y, a cuatro meses de distancia, sigue sin informar con detalle cómo ha utilizado el dinero recibido ni cuánto perciben quienes forman parte de sus estructuras estatal y municipal.
El último reporte disponible corresponde a abril. Ese mes, el PAN informó gastos por un millón 827 mil 20 pesos. Entre ellos destaca un pago de 232 mil pesos a Strongy Asesoría S.A. de C.V., una empresa con escasa presencia pública y que ya había recibido 580 mil pesos del propio PAN de San Luis Potosí durante el proceso electoral de 2024, periodo en el que el Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades relacionadas con la fiscalización.
También aparecen 46 mil 962 pesos destinados a vales de despensa y otros 60 mil pesos en vales de gasolina para dirigentes del partido. Por servicios de auditoría externa, Acción Nacional reportó además un pago de 102 mil 2 pesos a Martha Alicia Rosas Ávila.
El gasto más fuerte fue la nómina: un millón 131 mil 147 pesos. De esa cantidad, aproximadamente 598 mil pesos fueron destinados al Comité Directivo Estatal y 114 mil 281 pesos al Comité Directivo Municipal. Sin embargo, el PAN no transparenta de manera individual quiénes recibieron esas percepciones ni cuánto cobró cada persona.
Ahí se encuentra uno de los puntos más delicados. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí establece, en su artículo 84, fracción XI, la obligación de publicar información relacionada con las percepciones pagadas con recursos públicos. Esto representa un incumplimiento de una obligación legal de transparencia.
La contradicción es evidente. Mientras el partido mantiene incompleta o desactualizada su información financiera, en los últimos cuatro meses habría recibido más de 7.3 millones de pesos en prerrogativas públicas. Son recursos provenientes del erario y, por lo tanto, dinero que debe ser plenamente fiscalizable y estar sujeto al escrutinio ciudadano.
¿En qué se están utilizando los millones de pesos que recibe de dinero público y por qué esa información permanece oculta desde mayo?
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