El 99 por ciento de las investigaciones por casos de corrupción realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no han derivado en sanciones en los tribunales, de acuerdo con un informe elaborado por Transparencia Mexicana (TM).
De 2015 a 2025, informó la organización, la ASF inició mil 542 investigaciones de faltas administrativas y solo consiguió 15 sanciones, es decir, en apenas 0.97 por ciento de los casos logró un castigo.
En 2015, indicó TM, el Congreso dotó a la ASF y a los órganos de fiscalización superior de las 32 entidades del País de facultades para investigar las irregularidades administrativas detectadas durante el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
A nivel nacional, señaló, la impunidad en los casos de corrupción investigados por los órganos de fiscalización superior es de 93.1 por ciento, es decir, en poco más de nueve de cada 10 casos no se sanciona la conducta irregular investigada.
El reporte será entregado al Congreso de la Unión para su consideración durante el análisis y discusión de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que se prevé discutir en el periodo de sesiones que arranca el 1 de septiembre.
"La investigación, realizada con la participación activa de órganos de fiscalización superior y tribunales de justicia administrativa, es parte del proyecto 'Anticorrupción para la reducción de las desigualdades' del capítulo mexicano de Transparencia Internacional", detalló.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, consideró que existe una buena oportunidad para los legisladores de discutir el tema ahora que buscan facilitar las investigaciones de casos de corrupción mediante la eliminación del fuero constitucional.
"Coincidimos con la propuesta legislativa de revisar la inmunidad procesal, el llamado 'fuero', para facilitar la investigación de casos de corrupción gubernamental, pero también consideramos indispensable incrementar el riesgo de que las investigaciones por corrupción lleguen a sanción.
"Desaparecer la inmunidad procesal es relevante, sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa", afirmó.
