Viernes 26 de Abril de 2024 | San Luis Potosí, S.L.P.
El Universal | 04/03/2011 |
La Secretaría de la Función Pública presentará a los legisladores federales iniciativas para que se modifique la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Sector Público para que los castigos a los corruptos en el país sean más severos.
El subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, señaló que otra de las iniciativas a presentar, será para que se incentive a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos y de empresarios que corrompan o se dejen corromper en la sociedad.
Dio a conocer que por la denuncia ciudadana, un total de mil 700 funcionarios públicos en el país fueron consignados ante la Procuraduría General de la República (PGR), no obstante, al no haber sanciones rigurosas por corrupción, éstos han salido-en su mayoría, si no es que todos- en libertad bajo una fianza fijada.
"De hecho de los más de mil 700 funcionarios consignados casi todos, o si no es que todos salieron bajo fianza, y por eso el interés de esta iniciativas para fortalecer los castigos a los funcionarios, empresarios personas físicas que corrompen o se dejan corromper, la iniciativa establece con claridad bases para que los ciudadanos presenten denuncias" apuntó.
El funcionario federal participó en la inauguración de la primer Reunión Regional de Contralores Estado-Federación de la región Centro Pacífico, donde consideró que hoy en día los contralores no son muy bien vistos en los gobiernos o empresas donde desarrollan su trabajo profesional.
"Sería más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción, nos pasa un fenómeno muy curioso, un empresario por ejemplo que por algún motivo comete un fraude fiscal y no paga impuestos puede ir a la cárcel y no tiene ni derecho a fianzas, pero un funcionario público que se roba el dinero que pagan los contribuyentes tiene sanciones muy leves y puede salir con fianza" añadió.
Morgan Ríos, dijo que la iniciativa presentada a los legisladores contempla el de estimular económicamente a los ciudadanos que denuncien a los funcionarios o empresarios que estén cometiendo un acto de corrupción, y que en la denuncia acrediten o identifiquen a los culpables.
