San Luis Potosí, SLP.- La Ley del Mezcal de San Luis Potosí lleva ocho años remitiendo a una norma técnica cancelada en 2017 y convocando a dependencias federales que ya no existen. Las iniciativas presentadas el 4 de agosto por el diputado Tomás Zavala González para corregirlo son necesarias, pero insuficientes, advirtió Fernando Escandón Treviño, productor de mezcal ancestral y titular de la marca Mezcal Patatús.
“Una ley que cita a un muerto hay que corregirla. Mi objeción es que se corrija eso, y nada más, justo en el año en que se está decidiendo todo lo demás”, señaló el productor, cuya vinata en la Delegación de Bocas elabora mezcal ancestral 100% Agave Salmiana silvestre en olla de barro, bajo certificación del Consejo Regulador.
El productor identificó tres frentes simultáneos que no pueden verse por separado. Primero, la ley estatal reconoce que existen categorías de mezcal pero nunca las define, por lo que ni el padrón de productores ni los incentivos estatales pueden distinguir entre una vinata tradicional de olla de barro y una planta envasadora. Segundo, el anteproyecto de la nueva NOM-070 derogaría la regla vigente que sólo permite mezclar mezcales de la misma categoría y clase, autorizando mezclas de distintos productores, estados y categorías con degradación a la categoría inferior: “El maguey del altiplano deja de ser un ingrediente con nombre y se vuelve materia prima intercambiable. Y cuando el origen deja de importar, el precio lo pone el comprador. Siempre”. Tercero, la propuesta de reforma al IEPS —una cuota de 1.37 pesos por grado de alcohol en lugar de un porcentaje sobre el precio, con crédito fiscal de 90% para quien produzca hasta diez mil litros de alcohol puro al año— quedaría vacía si la norma técnica permite disolver las categorías que ese estímulo protege: “Es un solo expediente. Llevarlo separado es perderlo separado”.
Sobre la reforma fiscal, el productor subrayó que no se trata de pagar menos: la cuota propuesta mantiene la recaudación estimada y el estímulo a pequeños productores alcanzaría apenas el 1.6% del volumen total comercializado. “El esquema actual castiga los procesos, no el alcohol. Cambiarlo sólo premia a quien ya es formal y le da una razón para formalizarse a quien no lo es”.
Escandón habla, además, como afectado directo. Su marca conserva desde 2021 una reserva certificada de mezcal Madurado en Vidrio, una clase que la norma vigente reconoce y que el anteproyecto degrada: cualquier mezcla de esa clase con un mezcal joven se reclasificaría simplemente como joven o blanco. “El borrador trata cinco años de maduración como si no existieran. Eso no es técnica, es borrar valor que ya está en las bodegas de los productores”.
“El primero que paga esa falta de distinción no es el que pone la etiqueta. Es el que corta”, subrayó, en referencia a los magueyeros del altiplano, cuyas plantas tardan entre ocho y doce años en madurar y no pueden reaccionar a una caída de precios.
El productor recordó que el instrumento para que San Luis Potosí se pronuncie ya existe: el Consejo Estatal del Mezcal, creado por el artículo 6 de la propia ley, tiene entre sus funciones emitir opinión sobre instrumentos regulatorios que inciden en la producción. “No hay que crearlo ni presupuestarlo. Hay que convocarlo”.
Sus tres peticiones al Congreso: redactar la referencia normativa en genérico —“la norma vigente”— para que la ley no vuelva a nacer vieja; definir en el articulado las categorías Artesanal y Ancestral; y activar el Consejo Estatal para fijar la postura de San Luis Potosí ante el anteproyecto federal.
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