San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí atraviesa una cadena de incidentes de ciberseguridad que, en cuestión de semanas, ha alcanzado a instituciones educativas, judiciales y ahora municipales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Poder Judicial del Estado y el Ayuntamiento de la capital han enfrentado ataques, filtraciones o presuntas vulneraciones que colocan sobre la mesa una pregunta ¿qué tan protegida está realmente la información que ciudadanos y servidores públicos?
El primer foco de alerta se encendió en la UASLP. Los días 5 y 6 de agosto, un ciberataque golpeó sus sistemas informáticos y afectó servicios esenciales como Caja Virtual, inscripciones y calendarios escolares. El problema salió de las computadoras y alcanzó directamente a los estudiantes, algunas actividades académicas tuvieron que retrasarse hasta una semana mientras se reorganizaban procesos administrativos.
Pocos días después, el 7 de agosto, surgió otro episodio, ahora en el Poder Judicial del Estado. En internet comenzaron a circular archivos presuntamente obtenidos de sus sistemas, hasta conformar un paquete que, según las publicaciones difundidas, llegó a 78 gigabytes y más de 200 mil documentos. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, negó que existiera un hackeo directo y sostuvo que las revisiones apuntaban a una posible exposición o utilización de cuentas pertenecientes a usuarios externos.
La diferencia técnica entre un ataque directo a servidores, credenciales comprometidas o una filtración interna resulta fundamental para una investigación; sin embargo, para el ciudadano existe un punto común, información que debía permanecer bajo resguardo terminó presuntamente fuera del perímetro institucional.
Ahora toca al Ayuntamiento
Este 20 de agosto, la alerta alcanzó al Gobierno Municipal de San Luis Potosí. Un usuario relacionado con la difusión de los archivos atribuidos al Poder Judicial publicó información sobre un presunto ataque al Ayuntamiento, del cual habrían sido extraídos aproximadamente 2.9 gigabytes y más de 15 mil documentos relacionados con declaraciones patrimoniales y fiscales de servidores públicos correspondientes a 2022.
La gravedad no radica únicamente en el volumen. Como prueba del supuesto acceso fueron exhibidos datos personales sin testar, entre ellos nombre completo, CURP, teléfonos y domicilio de al menos un servidor público. Si la autenticidad de los archivos se confirma, el problema dejaría de ser exclusivamente tecnológico para convertirse también en un asunto de protección de datos personales.
Además, no sería la primera ocasión en que la administración capitalina enfrenta una contingencia informática, en julio de 2020 se reportó otro ataque que afectó páginas y cuentas oficiales en redes sociales.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha emitido una postura oficial que confirme o descarte la autenticidad de los documentos difundidos, explique si existió una intrusión a sus sistemas o determine la dimensión del posible incidente.
Tres episodios en instituciones potosinas durante un periodo tan corto no necesariamente significan que exista un solo ataque coordinado ni permiten afirmar, sin investigaciones técnicas, que todos tengan el mismo origen. Sí evidencian, sin embargo, un problema que las instituciones ya no pueden tratar como secundario, la seguridad digital forma parte de la seguridad pública e institucional.
Un ciberataque exitoso no siempre requiere romper sofisticadas barreras tecnológicas. Contraseñas débiles o reutilizadas, credenciales robadas mediante engaños, cuentas externas sin controles suficientes, sistemas desactualizados, configuraciones deficientes, falta de respaldos y monitoreo insuficiente pueden convertirse en puertas de entrada. Por ello, antes de concluir que existe falta de inversión, tendría que conocerse qué infraestructura y protocolos tenía cada institución y cómo ocurrió cada incidente.
El problema de fondo es que digitalizar trámites sin fortalecer simultáneamente la ciberseguridad puede convertir enormes bases institucionales en objetivos particularmente atractivos. No basta con comprar servidores o contratar proveedores, hacen falta auditorías permanentes, autenticación multifactor, segmentación de redes, respaldos aislados, capacitación del personal, planes de respuesta y revisión constante de quién puede acceder a información sensible.
Como episodio separado, este 19 de agosto también quedaron temporalmente fuera de servicio Gob.mx y páginas de Presidencia y dependencias federales. En ese caso, la versión oficial descartó un hackeo y atribuyó la interrupción, de aproximadamente 25 minutos, a un problema de conectividad ajeno a sus sistemas.
La sucesión de acontecimientos deja una advertencia para San Luis Potosí, hoy una institución puede tener cerradas sus puertas físicas y, al mismo tiempo, mantener abierta una ventana digital.
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