San Luis Potosí, SLP.- La presencia de alrededor de 600 cuerpos no identificados o no reclamados en una fosa común del Panteón de El Saucito coloca bajo la lupa no sólo el rezago forense de San Luis Potosí, sino también las condiciones en las que durante años se ha administrado un espacio que depende del Ayuntamiento de la capital.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, advierte que el problema arrastra años y exige infraestructura especializada, “Urge un centro de resguardo de cuerpos porque hay una fosa común en el Saucito de 600 cuerpos que datan del 2006 al 2019”.
El señalamiento resulta especialmente delicado porque detrás de cada cuerpo sin nombre podría existir una investigación pendiente y, eventualmente, una familia que continúa buscando a una persona desaparecida. Reportes previos ya habían documentado el rezago de más de 600 cuerpos en este cementerio y deficiencias en los procesos de identificación forense en el estado.
Pérez Rodríguez agrega una acusación todavía más grave, “Algunos están con necropsia, algunos sin necropsia y vamos a creer que también hay personas del crimen organizado”. Esta última posibilidad, mientras no exista confirmación ministerial, debe mantenerse como una hipótesis expresada por la activista y no como un hecho acreditado.
El Ayuntamiento no puede resolver por sí solo la identificación genética ni determinar causas de muerte, tareas que corresponden a las autoridades ministeriales y forenses. Sin embargo, tampoco puede tratar el problema como ajeno. El reglamento municipal establece que las fosas comunes de los cementerios oficiales reciben cuerpos desconocidos o no reclamados y que aquellos remitidos por el Servicio Médico Forense deben estar vinculados con su respectiva acta ministerial.
Por ello, la responsabilidad municipal pasa por garantizar la correcta administración del cementerio, preservar registros y ubicación de las inhumaciones y abrir una revisión coordinada con Fiscalía y autoridades de búsqueda. La legislación nacional, además, contempla un Registro Nacional de Fosas con información de las fosas comunes existentes en los panteones de todos los municipios.
Lo preocupante, entonces, no es únicamente la cifra. Es preguntarse si después de tantos años existe plena certeza documental sobre quién ingresó cada cuerpo, dónde fue colocado, bajo qué carpeta o acta y qué estudios se practicaron. Antes de pensar siquiera en cualquier intervención de esas fosas, el municipio debe exigir una revisión técnica y documental conjunta que garantice trazabilidad y evite la pérdida de información que pudiera ser indispensable para futuras identificaciones.
El Saucito no puede convertirse en el último punto de una persona sin nombre. Para cientos de familias, una fosa común podría ser también el lugar donde permanece enterrada una respuesta que llevan años esperando.
...
.gif)
