Libertad de opinión
Ahora que Andrés López Beltrán dio a conocer que le fue cancelada su visa por Estados Unidos y publicó una carta en la que deja entrever que sabe que algo importante podría estar por suceder, parece anticiparse a lo que pueda venir colocando desde ahora a la patria y la soberanía como escudo.
En respuesta, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, le contestó en tono irónico a través de su cuenta de X: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas... Te va a encantar lo que sigue”. Un mensaje que, por lo menos, alimenta la percepción de que algo más podría conocerse próximamente.
Pero antes conviene refrescar la memoria y retroceder cinco años.
Sergio Carmona Angulo, señalado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México y conocido como el “Rey del huachicol”, también fue vinculado públicamente con el presunto financiamiento de campañas electorales de Morena. Fue asesinado el 21 de noviembre de 2021 en Nuevo León y, a partir de entonces, comenzaron a surgir diversas versiones sobre sus relaciones políticas.
Tras su ejecución, se difundieron versiones de que su hermano, Julio César Carmona, habría buscado colaborar con autoridades de Estados Unidos y proporcionar información relacionada con políticos presuntamente beneficiados por recursos provenientes del llamado huachicol fiscal, además de explicar la forma en que operaba esa estructura.
Sin embargo, “Andy”, su tío Pepín o cualquier otra persona ligada a la 4T no deberían preocuparse... al menos si no tienen nada que esconder.
José Ramón López Beltrán declaró recientemente que la revocación de la visa de su sobrino Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y la carta que este dirigió a Donald Trump responden a un trasfondo político. Según su interpretación, el verdadero objetivo de Estados Unidos no sería el hijo, sino el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “al que quieren no es al chico, sino al grande”.
Y digo que nadie debería preocuparse porque, en México, los personajes de mayor peso político suelen contar con una enorme capacidad de protección institucional. Si personas con mucha menor exposición mediática han logrado evadir durante años procesos judiciales o solicitudes internacionales, resulta difícil imaginar que tocar a un personaje situado en la cúpula política sea algo sencillo.
Ahí está, por ejemplo, Rubén Rocha Moya, mandatario estatal con licencia de Sinaloa, quien continúa apareciendo públicamente hasta bailando en fiestas familiares y no ha pasado nada.
Si Andy López Beltrán, Rocha Moya, Adán Augusto López, Mario Delgado, Américo Villarreal o el propio López Obrador no han cometido ningún delito; si nada tienen que ver con la enorme trama de corrupción conocida como “huachicol fiscal”; y si Estados Unidos no cuenta con pruebas que los vinculen con algún delito, ¿de qué tendrían que preocuparse?
Tranquilos. No hace falta envolverse en la bandera ni recurrir anticipadamente al discurso del patriotismo.
Si ninguno tuvo vínculos con organizaciones criminales, si ninguno recibió dinero ilegal y si ninguno participó en operaciones ilícitas, entonces no debería sucederles absolutamente nada.
No existen pruebas, se ha insistido desde el gobierno mexicano. Y precisamente esas pruebas son las que la primera mandataria de la nación Claudia Sheinbaum ha exigido reiteradamente a las autoridades estadounidenses cuando se formulan acusaciones contra funcionarios o políticos mexicanos.
La soberanía tampoco tendría por qué estar en juego. Si este grupo de personajes vinculados a la 4T no cometió delito alguno, todo terminará convertido en una anécdota política y mediática.
Pero siempre existe un “pero”.
Si aparecen evidencias capaces de incriminarlos; si se demuestra que existieron relaciones ilegales, financiamiento ilícito o protección política; y si finalmente queda comprobado que quienes prometieron ser diferentes terminaron repitiendo las mismas prácticas que durante años condenaron, entonces sí: que Dios los agarre confesados, como se dice popularmente.
Porque si los testimonios atribuidos al hermano del llamado “Rey del huachicol”, los señalamientos que han surgido desde distintos frentes y las investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos tienen sustento documental y judicial, entonces el problema ya no será de soberanía, patriotismo ni persecución política.
Será, simplemente, un asunto de responsabilidades y de justicia.
