A 15 días del accidente registrado la noche del domingo 2 de agosto sobre la carretera libre estatal Villa Juárez – Cerritos, donde perdió la vida Lizbeth Saraí Castro González, de 23 años, el señalado como presunto conductor, Raúl "N.", hijo de la diputada local del PT, Leticia Vázquez Hernández, y de un regidor de Cerritos, compareció ante la justicia.
Vázquez Hernández emitió este fin de semana un comunicado oficial a través de sus redes sociales para fijar su postura sobre la situación legal de su hijo. En el documento señaló que el proceso legal continúa conforme a los procedimientos correspondientes y que su hijo ya compareció ante la autoridad judicial: "Mi hijo se presentó ante el juez y continuará atendiendo las actuaciones que correspondan dentro de la carpeta de investigación. He sido respetuosa de las instituciones desde el primer momento y mantengo esa convicción".
La legisladora reiteró su respeto y solidaridad con la familia de la joven fallecida y llamó a evitar la difusión de versiones no confirmadas, al señalar que no le corresponde determinar responsabilidades.
Hijo de diputada se ampara contra aprehensión
Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, confirmó que la institución obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl N. por el delito de homicidio culposo.
La fiscal explicó que la defensa del joven promovió un juicio de amparo ante la justicia federal para evitar la ejecución del mandato judicial, el cual le fue concedido con una suspensión provisional.
Como parte de esa suspensión, el juez de Distrito otorgó un plazo de 48 horas para que el señalado se presentara ante el juez de control, lo que finalmente ocurrió, y determinó que tampoco se aplicaría prisión preventiva mientras se resuelve el juicio de amparo.
Dictan arresto domiciliario
Este domingo se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en el Centro Integral de Justicia Penal de la Zona Media, con sede en Rioverde, a donde acudieron familiares y amigos de la víctima para exigir justicia.
Durante la diligencia, la defensa legal de la familia afectada, encabezada por el abogado Rodrigo Guerrero Aguilar, argumentó riesgo de fuga y solicitó prisión preventiva justificada. Sin embargo, ante la postura del Ministerio Público, la jueza de control determinó conceder la medida cautelar de prisión domiciliaria mientras se define su situación jurídica.
La representación legal de la víctima y colectivos ciudadanos cuestionaron la actuación de la representación social de la FGE por presuntas omisiones durante la solicitud de medidas cautelares.
La audiencia de vinculación a proceso fue reprogramada para el próximo sábado, donde se definirá si es vinculado a proceso y los términos de la investigación complementaria.
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