El problema no parece estar únicamente bajo tierra, sino también en el seguimiento que reciben las conexiones ilegales una vez descubiertas. En apenas año y medio, el Interapas identificó 9 mil 777 tomas clandestinas de agua en la zona metropolitana; sin embargo, frente a ese universo, su Dirección Jurídica únicamente encontró registro de cinco denuncias, todas presentadas durante 2025.
Casi 10 mil tomas en año y medio
La diferencia queda expuesta en la respuesta a la solicitud de transparencia con folio 241487126000063. Durante 2025 fueron descubiertas 6 mil 166 conexiones irregulares y, tan solo entre enero y junio de 2026, aparecieron otras 3 mil 611.
La capital potosina encabezó la estadística con 4 mil 911 casos acumulados en ambos periodos. Le sigue Soledad de Graciano Sánchez, con 2 mil 667; Villa de Pozos, con 2 mil 177; mientras que Cerro de San Pedro registró 22 casos.
Regularización masiva, sanción mínima
El destino de prácticamente todas estas conexiones fue administrativo. Interapas asegura que las 9 mil 777 tomas fueron regularizadas. La vía de la sanción alcanzó solo a una parte de los casos: se reportaron 875 procedimientos entre 2025 y junio de 2026. El fenómeno ocurre principalmente en viviendas. De las conexiones descubiertas, 9 mil 584 fueron clasificadas como domésticas y apenas 193 como comerciales.
El vacío legal
La baja cifra de denuncias ocurre en un contexto de vacío legal. Actualmente, el robo de agua a través de tomas clandestinas no está tipificado como delito grave en el Código Penal de San Luis Potosí. Ante esta problemática, el alcalde de la capital y presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, ha respaldado la iniciativa impulsada por la investigadora de la UASLP, Violeta Méndezcarlo, para reformar el Código Penal y tipificar el "huachicoleo" de agua como delito; mientras no exista esa reforma, el organismo opta por la regularización administrativa.
Multas de hasta 58 mil pesos, pero con bajo promedio
De acuerdo con la Ley de Aguas para el Estado, en sus artículos 231 y 232, las tomas clandestinas se sancionan de 10 a 500 UMAS. Con el valor actualizado por el INEGI para 2026, de 117.31 pesos diarios, la multa va de mil 173.10 a 58 mil 655 pesos. En 2025, con una UMA de 113.14 pesos, el rango era de mil 131.40 a 56 mil 570 pesos.
No obstante, la recaudación reportada revela un promedio muy por debajo del tope. Por multas, el organismo obtuvo 881 mil 64 pesos durante todo 2025, mientras que en solo los primeros seis meses de 2026 ingresaron 2 millones 962 mil 749 pesos. Si se divide lo recaudado en 2026 entre las sanciones reportadas, el promedio es de apenas 3 mil 385 pesos por toma.
El daño que no se puede medir, en plena crisis por El Realito
A pesar de la dimensión de las cifras, existe otro vacío: Interapas desconoce cuánta agua se perdió por las tomas clandestinas y cuánto volumen logró recuperar al regularizarlas. La explicación del organismo es que estas instalaciones generalmente operan sin medidor, lo que impide conocer su antigüedad y consumo real.
Esta pérdida no cuantificada ocurre en medio de la crisis de abasto más reciente de El Realito. Apenas el 20 de julio de 2026, Interapas reportó una nueva falla que dejó sin agua a al menos 30 colonias de la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, con lo que suman 15 incidencias en lo que va del año.
Como antecedente, el sistema acumula 73 averías desde octubre de 2021, con un saldo de 277 días sin aportar agua a la zona metropolitana, sin contar los 335 días que permaneció fuera de operación entre 2023 y 2024 por reparaciones en la cortina de la presa. La situación ha llevado a que la Conagua perfile rescindir el contrato a la operadora Aqualia.
Cabe destacar que mientras casi 10 mil tomas irregulares terminaron regularizadas, solamente cinco llegaron, según los registros localizados, al terreno de la denuncia, sin que se pueda dimensionar el daño hídrico en plena contingencia.
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