La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, ha delineado una agenda integral de renovación judicial que abarca desde la descongestión de expedientes hasta la evaluación de juzgadores, la seguridad digital, la atención a nuevos delitos, el diálogo con el personal y la preparación del presupuesto 2027.
Saturación de casos y estrategias de desahogo
“Más vale un buen arreglo que un mal pleito”, señaló la magistrada ante la excesiva carga de trabajo que amenaza con colapsar el sistema, "hemos activado estrategias preventivas a corto y largo plazo. La mediación en materia familiar será nuestra principal herramienta para los asuntos susceptibles de conciliación. Es innegable que la elevada carga de trabajo representa una fuerte presión. En el distrito judicial de Ciudad Valles hemos recibido poco más de 6 mil 850 casos en lo que va del año. Por reglamento, los jueces deben emitir sentencia en un plazo no mayor a 90 días, y estamos empeñados en cumplirlo", explicó.
Continuó señalando que, "la magnitud del reto se refleja en la actividad diaria, en un periodo de apenas tres días se celebran entre 500 y 600 audiencias. El modelo de oralidad exige mayor personal, porque una audiencia prolongada retrasa todas las siguientes. A casi dos décadas de la reforma de 2008, reconozco que aún enfrentamos dificultades de adaptación; con frecuencia litigantes y demás participantes intentan abordar diversos asuntos en una sola audiencia, lo que prolonga los procedimientos y provoca rezagos”.
Zarazúa Martínez explicó que "por eso revisamos expedientes rezagados para identificar causas de atraso; los tiempos para dictar una sentencia no dependen únicamente de la actividad de los juzgados, sino también del desarrollo de los procedimientos y de las actuaciones de las partes involucradas. Desde mediados de junio ya incorporamos nuevos secretarios de acuerdos para reducir el rezago, y actualmente abrimos concursos para proyectistas y actuarios que fortalecerán los juzgados".
Presupuesto 2027: prioridades y distribución eficiente
Además apuntó que "ya conformamos nuestro proyecto presupuestal para 2027. Las prioridades son claras: mantenimiento de inmuebles, especialmente en el interior del estado, condiciones laborales dignas y capacitación continua. Uno de los principales retos será distribuir de manera eficiente los recursos disponibles, por lo que se busca atender las necesidades prioritarias sin depender exclusivamente de un incremento presupuestal”.
Destacó que "el 15 de octubre entregaremos el proyecto, que requiere aval de los tres órganos de la nueva estructura. Analizamos también la revisión de contratos de arrendamiento y la reubicación de sedes donde sea necesario. El compromiso con las prestaciones y derechos del personal es innegociable".
Evaluación de 64 jueces: permanencia condicionada al mérito
La magistrada comentó que "la reforma nos señala que la confianza y el cargo deben sostenerse con desempeño. Por eso, en las próximas semanas iniciaremos la evaluación de 64 jueces electos. Los jueces deben pasar estos exámenes para poder estar en posibilidad de mantenerse en el cargo. El Tribunal de Disciplina Judicial aplicará las pruebas; se requiere calificación mínima de 8 para acreditar. Quienes no alcancen el puntaje podrán repetir el examen; de no ser así, se iniciará el procedimiento conforme a derecho. La capacitación permanente será la columna vertebral de nuestra administración", indicó.
Seguridad digital: sistemas protegidos, investigación activa
Ante versiones sobre un supuesto hackeo a sistemas del Poder Judicial, dijo: "Actuamos con prontitud: revisión interna y auditorías con empresas especializadas como Kaspersky y Fortinet. Los resultados son contundentes: Al Poder Judicial, sus sistemas digitales no fueron hackeados; lo que puede ocurrir es uso indebido de cuentas individuales de usuarios externos, abogados que acceden a plataformas como SICCE o SISE; eso no equivale a una intrusión al sistema institucional. Seguimos investigando cada caso y reforzando protocolos de seguridad".
Nuevas realidades delictivas: difusión de imágenes íntimas y fraudes virtuales
Asimismo apuntó que "este año hemos registrado al menos dos casos de difusión de imágenes íntimas, además de fraudes bancarios recurrentes mediante llamadas telefónicas. Frente a estos delitos, siempre lo que se busca es la perspectiva de género; normalmente es un delito en contra de mujeres. Estos actos vulneran la dignidad, la intimidad y los derechos humanos de las víctimas, por lo que las sentencias deben incorporar este enfoque de manera transversal".
Relación laboral y sindical: diálogo directo y compromiso mutuo
En cuando al personal del Tribunal comentó: "Reconocemos que hubo demandas y protestas en el pasado. Hoy la relación ha mejorado sustancialmente, somos de la idea de que la comunicación es la base. Hemos establecido acercamiento directo con las representaciones sindicales, cumplimos con los pagos comprometidos y mantenemos el respeto a los derechos laborales como principio irrenunciable. El objetivo es construir juntos eficiencia y bienestar. La relación ha ido bien en lo que lleva de nuestra gestión y el objetivo es mantener la comunicación directa”.
Derechos humanos: no son moda, son deber de cada sentencia
"En el marco del diplomado en derechos humanos para servidores públicos, comenté que estos no pueden quedar en el discurso, los derechos humanos no son una moda. Son un principio fundamental que debe conocerse y aplicarse en la impartición de justicia. El desconocimiento puede llevarnos a actuar de manera indebida, en ocasiones no sirve de nada si no se aplica o se ejerce el derecho en favor de las personas. Bajo competencia concurrente, los juzgadores locales también debemos aplicar criterios de protección, equidad y perspectiva de género cuando advirtamos vulneración de derechos".
Integridad y cero tolerancia a la corrupción: fortalecer la confianza ciudadana
Finalmente destacó la firma del convenio con el Sistema Estatal Anticorrupción, "la campaña de denuncia ciudadana y la Jornada por la Integridad Judicial, reafirmamos que cada esfuerzo que hacemos para prevenir la corrupción es también un esfuerzo por proteger la justicia; y cada acción que fortalece la integridad institucional es una acción que fortalece la confianza de la sociedad. El combate no se agota en sancionar, ante todo es un compromiso permanente con la prevención, la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de una cultura institucional basada en la legalidad", concluyó.
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