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Ven presión de EU en alertas sanitarias

El especialista consideró que las autoridades estadounidenses deben aplicar medidas focalizadas, transparentes y sustentadas en evidencia para evitar generalizaciones

Ante los señalamientos sanitarios de Estados Unidos contra hortalizas mexicanas, como jalapeños y lechugas, es necesario determinar si las medidas responden a riesgos comprobados o forman parte de la presión comercial sobre México, señaló Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El especialista consideró que las autoridades estadounidenses deben aplicar medidas focalizadas, transparentes y sustentadas en evidencia para evitar generalizaciones que afecten a los productores mexicanos.

EU mantiene investigaciones abiertas por presuntos brotes de salmonela relacionados con jalapeños de Sinaloa y por un brote de parásitos asociado con lechugas mexicanas. En ambos casos, las autoridades sanitarias de México no han identificado evidencia que respalde los señalamientos.

En el caso de los jalapeños, autoridades estadounidenses reportaron 345 casos en 27 estados entre personas que consumieron alimentos en restaurantes de comida mexicana, con un proveedor en común originario de Sinaloa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) mantiene abierta la investigación y aún no ha determinado el origen del brote.

Anaya señaló que se deben agotar las investigaciones y determinar el origen de los casos, pero advirtió que una preocupación sanitaria válida podría convertirse en una barrera no arancelaria y generar un efecto reputacional para productores y exportadores mexicanos.

Además, la posibilidad planteada desde la Casa Blanca de aplicar aranceles a las lechugas mexicanas incrementa el riesgo comercial.

Por ello, el especialista pidió a las autoridades mexicanas solicitar la información técnica completa de las investigaciones y comunicar oportunamente cualquier medida adicional de inspección o restricción que pueda afectar los embarques.

La prioridad, sostuvo, debe ser proteger al consumidor sin permitir que la incertidumbre derive en sanciones generalizadas contra productores y exportadores que cumplen con las normas sanitarias.

 
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