San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad, Efraín Torres Salazar, exigió la remoción de los juzgadores que no acrediten los conocimientos indispensables para el cargo, al advertir que existe un grave descontrol en la operación de los juzgados familiares y de algunos juzgados civiles de San Luis Potosí.
El pronunciamiento surge luego de que se diera a conocer que los 64 jueces electos por la reforma judicial serán sometidos a una evaluación de conocimientos teóricos, prácticos y de desempeño, en la que deberán obtener al menos 80% de calificación global, equivalente a 8.5, como requisito para continuar dentro del Poder Judicial del Estado.
Torres Salazar consideró que la aplicación de la prueba es correcta, aunque estimó que el umbral debería ser más alto. Propuso que la calificación mínima aprobatoria sea de 9, al argumentar que se han identificado irregularidades y presuntos actos indebidos.
“El desorden es total en los juzgados familiares, tanto en la administración del juzgado como en el actuar de los propios titulares. Carecen de criterios sólidos para emitir acuerdos y sentencias, les falta preparación”, afirmó.
Finalmente, informó que prueba de el desorden son algunas malas prácticas de la jueza Beatriz Alejandra Iñiguez Ruvalcaba y de su secretario de acuerdos, José Joaquín Blanco Sandate, por ello ya se promovió una queja ante el Tribunal de Disciplina para que se revise el actuar de dichos funcionarios del Juzgado Primero Civil y, de ser necesario, se sancione cualquier conducta fuera de la ley.
.gif)
