San Luis Potosí, SLP.- El asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), no solo abrió una nueva carpeta de investigación, también encendió la indignación entre alumnos que advierten que podrían convertir el próximo regreso a clases en una protesta si las autoridades no ofrecen resultados.
Gabriel tenía 21 años. El pasado 7 de agosto recibió dos impactos de arma de fuego en la colonia Rural Atlas. Era alumno de la Facultad de Derecho, practicaba tiro con arco, representaba a la Universidad en competencias y vendía desayunos para obtener ingresos y cumplir proyectos personales. Su muerte dejó de ser únicamente una exigencia familiar y comenzó a movilizar a parte de la comunidad universitaria.
Estudiantes de la Facultad de Derecho han expresado en redes sociales su solidaridad con la familia y plantean que, si no existe una respuesta pronta sobre el homicidio, podrían impulsar un paro de actividades en distintas facultades. Aunque el periodo escolar todavía no comienza, la advertencia apunta directamente al regreso a las aulas, prolongando mediante una suspensión como medida de presión.
Los universitarios esperan no llegar a ese escenario, pero demandan avances suficientes para evitar que Gabriel termine convertido en otro expediente sin resolver.
La presión crece porque el crimen tampoco ocurre en un vacío. La comunidad de la UASLP ya había sido golpeada por el asesinato de Jorge Eduardo, pasante de servicio social del área de cirugía maxilofacial de la Facultad de Estomatología, quien perdió la vida durante un intento de asalto en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente. Entonces, la propia Universidad exigió una investigación pronta y el reforzamiento de la vigilancia alrededor de sus complejos.
Dos jóvenes universitarios asesinados vuelven inevitable la pregunta sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los estudiantes fuera de las aulas.
Mientras la familia de Gabriel exige justicia, la respuesta institucional todavía contrasta con el tamaño del reclamo. El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció inicialmente tener poca información y anunció que reforzaría la seguridad en la zona junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.
“Entiendo que no fue una riña, entiendo que no fue una confrontación, fue un evento más delicado”, declaró, aunque evitó profundizar hasta contar con mayores elementos.
Desde la SSPC estatal, Jesús Juárez Hernández aseguró que existen “muy buenos avances” en la investigación que lleva la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, pero sostuvo que revelar detalles podría poner en riesgo la carpeta y su eventual judicialización.
Para la familia, sin embargo, los avances tendrán que traducirse en justicia. Una tía de Gabriel llevó incluso la exigencia hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, “Salvador, Salvita, no forma parte de la estadística de crímenes, porque no fue, no es y nunca será un número”.
Ahora esa demanda comienza a encontrar eco entre estudiantes. El regreso a clases se aproxima, pero la comunidad universitaria podría no volver con normalidad si el asesinato continúa sin respuestas públicas contundentes. La advertencia está planteada, antes que regresar como si nada hubiera ocurrido, alumnos de Derecho contemplan parar para exigir justicia por uno de los suyos.
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