Cuando las reglas y el poder se utilizan para administrar ventajas, hablar de piso parejo resulta una ficción.
No es la primera vez.
Y precisamente por eso la reducción de la precampaña a veinte días no puede analizarse como un episodio aislado.
En San Luis Potosí hemos observado una sucesión de movimientos políticos que obligan a preguntarnos hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para favorecer a su candidata.
El gobernador ha hecho auténticos malabares políticos para darle ventaja a su candidata.
Primero vino aquella reforma electoral que pretendía reservar exclusivamente para mujeres las candidaturas a la gubernatura. Los cuestionamientos políticos y jurídicos en torno a los criterios de paridad hicieron insostenible la propuesta. Finalmente, fue retirada.
Después vinieron decisiones institucionales que alcanzaron incluso permisos y proyectos de obra del gobierno municipal de la capital, encabezado por quien representa el polo político más fuerte frente al oficialismo.
Y ahora llega otro movimiento: reducir de cuarenta a veinte días la precampaña para la gubernatura.
Visto cada episodio por separado, el poder encontrará una explicación. Vistos en conjunto, dibujan un patrón político que merece ser cuestionado.
Porque mientras la candidata oficialista ha contado durante años con exposición, posicionamiento y presencia pública, sus adversarios tendrán solamente veinte días de precampaña para desarrollar su posicionamiento y desplegar su estrategia electoral.
El piso no está parejo.
Y no puede hablarse seriamente de equidad electoral cuando desde el propio poder se toman decisiones cuyos efectos terminan ampliando una ventaja de posicionamiento construida durante años, mediante una exposición pública constante y anticipada.
La ley puede establecer los mismos veinte días para todos. Pero la igualdad formal no borra la desigualdad construida previamente.
Veinte días para quien lleva años posicionándose no significan lo mismo que veinte días para quien apenas podrá comenzar una precampaña.
Ahí está el verdadero problema. Y ahí aparece también la responsabilidad del Congreso del Estado.
Esta reforma fue aprobada con trece votos. Trece legisladores levantaron la mano.
Y sí importa quiénes fueron.
Votaron a favor Luis Felipe Castro Barrón, María Antonia Castro Castañeda, Marco Antonio Gama Basarte, Luis Fernando Gámez Macías, Jacquelinn Jauregui Mendoza, César Arturo Lara Rocha, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, María Aranzazu Puente Bustindui, María Dolores Robles Chairez, Dulcelina Sánchez de Lira, Brisseire Sánchez López, Héctor Serrano Cortés y Tomás Zavala González.
Trece nombres. Trece votos. Trece responsabilidades políticas.
Importa porque cada diputada y cada diputado responde por su voto. Constitucionalmente integran un Poder Legislativo llamado a representar a la ciudadanía, legislar por el interés público y ejercer un auténtico contrapeso frente al Ejecutivo.
Pero en la práctica se exhiben como convidados de piedra: simples levanta dedos a favor de los intereses del Ejecutivo.
Una mayoría legislativa que renuncia al análisis, al contrapeso y a su independencia para acompañar sistemáticamente las conveniencias del poder termina reducida a una maquinaria de votos.
Legislar no es obedecer. Y representar a la ciudadanía no es levantar la mano cada vez que el Ejecutivo necesita trece votos.
Mucho menos cuando aquello que se modifica son las reglas bajo las cuales habrá de disputarse el poder.
Por eso resulta insuficiente esconder esta decisión detrás de palabras como “homologación”, “ordenamiento” o “fiscalización”. La pregunta es mucho más sencilla: ¿a quién beneficia?
¿Beneficia al aspirante que necesita recorrer San Luis Potosí, darse a conocer y construir una candidatura? ¿O beneficia a quien cuenta con años de posicionamiento previo y, por tanto, necesita mucho menos tiempo formal para competir?
La respuesta explica buena parte de esta reforma.
Y entonces resulta inevitable hablar de abuso, ventaja e inequidad.
Reducir los tiempos cuando una de las posibles competidoras cuenta ya con un posicionamiento construido durante años no empareja la cancha. La inclina todavía más.
La equidad electoral no puede reducirse a una apariencia formal. Las reglas de una elección deben preservar condiciones auténticas de competencia; de lo contrario, la igualdad escrita en la ley se vuelve una ficción frente a la desigualdad de los hechos.
Si verdaderamente preocupa la fiscalización, que se fiscalice todo: promoción personalizada, propaganda, espectaculares, recorridos, eventos y cualquier mecanismo utilizado para construir anticipadamente posicionamiento electoral.
Porque fiscalizar veinte días mientras se ignoran años de exposición previa sería una curiosa manera de entender la equidad.
Pero el problema político es todavía mayor.
Lo verdaderamente preocupante no son únicamente los veinte días. Es la normalización de una forma de ejercer el poder: si la realidad electoral no ofrece suficiente ventaja, se modifican las condiciones desde las instituciones que se controlan.
Ahí está la gravedad. El Ejecutivo tiene derecho a defender su proyecto político y los partidos tienen derecho a competir. Lo que ninguno debería tener es derecho a utilizar las instituciones del Estado para facilitarle el camino a una candidatura.
El poder público no es patrimonio de un grupo político y el Congreso no es una herramienta para resolverle al gobernador su sucesión.
Cuando una mayoría legislativa modifica reglas que inciden sobre una competencia políticamente en marcha, la discusión deja de ser solamente partidista. Se convierte en una discusión sobre la calidad democrática de San Luis Potosí.
Porque hoy son veinte días. Mañana puede ser cualquier otra regla.
Y ahí está el precedente peligroso: que la ley deje de funcionar como límite al poder y comience a utilizarse como instrumento de su conveniencia.
Cuando observamos una sucesión de decisiones que terminan favoreciendo al mismo proyecto, resulta legítimo preguntarse si estamos frente a coincidencias independientes o ante una forma sistemática de administrar la ventaja desde el poder.
Primero, una reforma sobre candidaturas de mujeres que habría incidido directamente en la sucesión. Después, decisiones institucionales que han afectado al gobierno municipal de la capital. Ahora, veinte días de precampaña.
Demasiadas casualidades siempre en la misma dirección.
Y aquí está el verdadero juego puerco del Legislativo.
Porque el Congreso vuelve a exhibirse como un poder incapaz de guardar la distancia necesaria frente a los intereses del Ejecutivo. Un Congreso existe para legislar en beneficio de la ciudadanía, no para construir ventajas a una candidatura, facilitar una sucesión o utilizar la ley como herramienta electoral.
Tener trece votos permite aprobar una reforma. No convierte el abuso en equidad.
La mayoría legislativa no concede patente para acomodar las reglas según la conveniencia política del momento. Eso tiene un nombre mucho menos elegante: agandalle. El más llano agandalle desde el poder.
Una candidatura fuerte no necesita que le acomoden la ley; una candidatura débil sí necesita que le acomoden la cancha.
Y tanta maniobra termina revelando algo que quizá el poder preferiría ocultar.
Parece que el tamaño y la frecuencia de las ocasiones que buscan para imponer ventajas a su candidata hacen evidente el tamaño del temor que le tienen al rival más fuerte.
Porque quien confía en la fortaleza de su candidata no debería necesitar torcer la cancha. Y quien verdaderamente cree tener el respaldo ciudadano debería ser el primero en exigir piso parejo.
Por eso, mientras más esfuerzos hacen por asegurar ventajas, más inevitable resulta la pregunta: ¿a quién le tienen tanto miedo?
San Luis Potosí merece instituciones que garanticen una competencia democrática auténtica, autoridades electorales que hagan valer la equidad y un Congreso capaz de comportarse como Poder Legislativo, no como extensión de los intereses sucesorios del Ejecutivo.
Porque cuando una candidatura cuenta con años de posicionamiento y desde el poder se modifican las condiciones para reducir a veinte días la precampaña de todos los contendientes, ya no estamos hablando simplemente de una reforma electoral.
Estamos hablando de legislar la ventaja.
Y cuando un Congreso se presta para hacerlo, eso tiene otro nombre: juego puerco.
